Hoy en día, el Ayuntamiento de Cuernavaca y el SAPAC son los entes públicos que han omitido constantemente la entrega de cuotas retenidas a sus empleados y que deberían de ser destinadas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
Esta acción por parte de las autoridades capitalinas, lamento Ana Lilia Ocampo Castrejón, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado, deja a los trabajadores desprotegidos y sin posibilidades de gozar de las prestaciones y beneficios que el organismo les otorga. Esa actuación, destacó la representante gremial, hasta ahora, no es sancionada.
Lo anterior, explicó la diputada local Mirna Zavala, es consecuencia de la aprobación del decreto 988, del 21 de julio de 2016, expedido por la LIII Legislatura y que dejó a libre interpretación, la definición y determinación de las medidas necesarias que asumiría el Instituto de Crédito, en el caso de que los entes públicos incumplieran con sus obligaciones señaladas en la propia ley, abriéndose la posibilidad de una peligrosa práctica de incumplimientos sistemáticos, hecho que atentaría directamente en contra de los intereses de los trabajadores, objeto y razón de ser del referido Instituto.
De ahí que, en la sesión de este miércoles, la diputada del Partido Encuentro Social Morelos (PESM), haya presentado Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de frenar las malas prácticas en las que incurren los entes públicos, al omitir la entrega de las cuotas retenidas a su personal.
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La legisladora llevo a la tribuna, una demanda expuesta por los gremios sindicalizados, que se traduce en la adición a la Fracción XV del Artículo 18 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
Con ello, el titular del Instituto de Crédito, recuperará la capacidad institucional de presentar denuncias, formular querellas, otorgar perdón, así como ejercitar y desistirse de acciones judiciales, aún las de juicio de amparo y formular y observar posiciones, sobre todo en aquellos casos, en que los entes públicos omitan enterar al Instituto, las cuotas retenidas, afectando de manera directa a los trabajadores al servicio de los poderes públicos del Estado.
Dicho aspecto, fue afectado con la reforma que experimentó la referida norma, como consecuencia de la aprobación del decreto 988, del 21 de julio de 2016, expedido por la LIII Legislatura y que dejó a libre interpretación, la definición y determinación de las medidas necesarias que asumiría el Instituto de Crédito, en el caso de que los entes públicos incumplieran con sus obligaciones señaladas en la propia ley, abriéndose la posibilidad de una peligrosa práctica de incumplimientos sistemáticos, hecho que atentaría directamente en contra de los intereses de los trabajadores, objeto y razón de ser del referido Instituto.
Se busca, destaco Mirna Zavala, “se otorgue certeza a los afiliados, así como a la misma Institución Crediticia, para que los entes obligados -poderes del estado u órdenes de gobierno- asuman la obligatoriedad legal de enterar y entregar los recursos que ya le fueron retenidas a los trabajadores, al Instituto de Crédito, para que, de esta manera este organismo siga cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado”.
El artículo 27 de la ley del Instituto, señala una temporalidad no mayor a los 30 días naturales a la fecha de corte de la nómina, para enterar las cuotas retenidas a los trabajadores al servicio de los poderes públicos del Estado. Por otro lado, de acuerdo a su artículo 28, la demora del pago de las aportaciones por parte de los trabajadores al servicio del Estado, de manera inmediata se refleja en la suspensión del trabajador de los servicios que le concede la ley y no así, precisamente, al ente obligado, que habiendo enterado, no asumió la responsabilidad legal de entregar el recurso al Instituto de Crédito para su normal y correcto funcionamiento.
Cabe recordar que en enero de 1984 se crea el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el claro y definido objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores al servicio de los poderes públicos y órdenes de gobierno, de la entidad.
*IR