El Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” manifestó su preocupación sobre la reticencia de los Servicios de Salud de Morelos a transparentar su información.
En su último análisis, el organismo de la sociedad civil expone que es en el rubro de materiales y suministros, donde la dependencia se niega a transparentar información y advierte que no solo se sube “incompleta”, sino que se ha retirado de los instrumentos de consulta, elementos claves como contratos de compra de medicamentos y otros insumos. La preocupación radica en el que en este rubro (destinado para adquirir y suministrar los medicamentos y materiales médicos) se han gastado 2,355 millones de pesos y se desconoce su aplicación.
Recordemos que en los últimos tres años, los Servicios de Salud han ejercido cerca de 12 mil millones de pesos, 60% más de lo autorizado. Mucho de ello tiene que ver con la contingencia sanitaria por el COVID-19 y las múltiples necesidades a cubrir que los ciudadanos tenían, ante una situación tan crítica como la que vivimos, resultado de la pandemia; de ahí que, con mayor razón, el poder acceder a esa información --como debe de ser-- y dar respuesta a las dudas de la ciudadanía, debe de ser una constante, no la excepción.
Nos dice Roberto Salinas, codirector de ese centro de investigación que, además de que la información que publican los Servicios de Salud en Morelos en la Plataforma Nacional de Transparencia está incompleta, en los últimos meses han detectado que borrado información que ya estaba publicada, como unos 700 contratos que datan del 2019, que ya no están, donde solían estar… y mientras esto pasas, las quejas y denuncias ante el Instituto de Transparencia (IMIPE) por la falta de información, siguen aumentando.
“Llevamos ya, dos años, tratando de obtener información de los Servicios de Salud en Morelos y conocer cómo y en que gasta los recursos y ha sido sumamente complicado de dos años para acá- Nos han cerrado las puertas de la información, ya no nos entregan datos, los clasifican, nos argumentan que están en auditorias. No hay nada. Ya no nos entregan absolutamente ya nada de información”, refiere el experto en transparencia.
Si los recursos se ejercieron realmente como corresponde en esta dependencia del Ejecutivo Estatal, ¿para qué ocultarlo? ¿Por qué “borrar”, “bajar” o quitar información como la de los contratos, que ya era publica? ¿Para qué? ¿Por qué evadir la entrega de esa información? Seguramente habrá una justificación real al tema, más alla que la opacidad. Si no hay respuesta, la respuesta es esa: hay omisión y opacidad. No hay más. Sería un error que este escenario prevaleciera, sobre un área tan sensible del Gobierno.
PETICION: El abogado especialista en Derechos Humanos, Eutiquio Damián Santiago, nos comparte una preocupación muy sentida en torno a la salud de su defendida, María Luisa Villanueva –presa en el CERESO femenil de Atlacholoaya desde hace 24 años, acusada de secuestro, pese a que hay pruebas de su inocencia—, dado que su salud se está deteriorando y urge que sea reubicada a otro centro de reclusión, para que reciba la atención adecuada. Una opción para ella, sería el traslado al Centro de Readaptación Federal (Cefereso), ubicado en el municipio de Ayala. Sin un diagnóstico claro de su problema, pero derivado de la tortura física que sufrió cuando fue detenida por el Grupo Antisecuestros en el sexenio del Gobierno de Jorge Carrillo Olea, María Luisa Villanueva enfrenta episodios donde vomita sangre. Ojala que desde la Secretaria de Gobierno o de la Coordinación de Readaptación Social, se le tome en cuenta…
*IR