El presidente municipal de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado reconoció que sí hay varias omisiones financieras cometidas por la administración anterior de Antonio Villalobos tanto en SAPAC, Tesorería Municipal y Administración que además de las denuncias penales, darán origen a la solicitud de juicio político en su contra.
Sobre lo informado por el Fiscal Anticorrupción de que hay más de 15 carpetas de investigación abiertas, mencionó que esta administración no ha presentado denuncias sino que corresponden a la administración pasada de las que no está enterado porque la secrecía con la que están las carpetas, impide determinar los delitos y los imputados así como determinar si existe alguna responsabilidad por desvío de recursos, peculado o algún otro delito similar.
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Sobre el caso de SAPAC, dijo que ellos están haciendo sus propias auditorias porque se trata de un organismo descentralizado y se está apoyando con el organismo Morelos Rinde Cuentas quien está ayudando a transparentar la aplicación de los recursos.
"Lo que les puedo decir es que hay omisiones las cuales consisten en no haber pagado los derechos de extracción de agua del subsuelo a Conagua e inclusive ayer recibí un requerimiento de pago de los cuatrimestres de cuatro años al menos".
El alcalde reconoció que el principal quebranto financiero se encuentra en las áreas de Tesorería, Administración y presidencia por las omisiones imputables al propio alcalde.
Es decir, que son incumplimientos a la ley y a los procesos como por ejemplo a dar de baja a un trabajador como se debe a través de levantar un acta administrativa en coordinación con la Contraloría para acreditar una causa de probable determinación de los efectos del nombramiento.
Además de las denuncias, Urióstegui Salgado insistió en que sigue vigente la intención de iniciar juicio político contra Antonio Villalobos para lo cual ya se ha solicitado a las atrás competentes a que hagan la evaluación definitiva y que se junten las pruebas para acreditar ante el Congreso del Estado la viabilidad, en 2l entendido que la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos establece el plazo de hasta un año después de que haya concluido el cargo para fincar responsabilidades al respecto.