Con listones negros en el puño izquierdo, reclaman periodistas seguridad y esclarecimiento de los asesinatos en el gremio y defensores de los derechos humanos.
En el arranque de los trabajos del "Diálogo para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravantes a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas", ese, fue el signo que evidencio la inconformidad del gremio.
La manifestación que interrumpió la participación de los expositores en el presídium, dio pie a la lectura de un comunicado en el que exigieron terminar con la simulación y atender estos crímenes, además de hacer justicia, reparar el daño y prevenir la violencia en contra de los comunicadores.
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La mañana de este jueves, en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició el diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la cual impulsa el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, con el fin de habilitar un espacio para el intercambio de ideas y opiniones sobre los elementos que debe contemplar la iniciativa de ley.
Los trabajos de diálogo continuarán este 25 de marzo para conocer la situación en cada entidad federativa y escuchar propuestas rumbo a la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual establezca con claridad la corresponsabilidad y competencia de las instituciones del Estado mexicano en esa materia.
Expedientes sin cumplir
Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Morelos, expresó que de 2019 a 2022 en la entidad, existen 19 expedientes de quejas con agravios hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en los cuales de manera oficiosa se dictaron medidas precautorias a los agraviados, consistentes en el requerimiento expreso a la Secretaría de Gobierno para incorporarlos al mecanismo de protección a periodistas, sin embargo, todas las solicitudes fueron incumplidas por la falta de activación que había prevalecido.
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Hernández Cruz informó que durante los últimos tres años han ocurrido ocho asesinatos de activistas y defensoras de los derechos humanos en Morelos, pero que se desconoce si estos actos pudieron evitarse en caso de haber contado con los mecanismos y las garantías necesarias para desempeñar su labor con seguridad.
En su intervención, Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, reiteró el apoyo hacia la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, para atender aquellos casos que presentan coincidencias.
Crimen organizado y autoridades, los agresores
Por su parte, el titular de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, reconoció que las agresiones contra periodistas provienen del crimen organizado y su colusión con las autoridades, así como la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor periodística y de las personas defensoras de los derechos humanos.
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Estuvieron presentes en el presidium, Carlos Brito, representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos; Adriana Pineda Fernández, fiscal especializada en delitos de alto impacto de la Fiscalía del Estado de Morelos; Penélope Picaso Hernández, comisionada estatal de atención y reparación a víctimas del estado de Morelos; Arturo Abundes, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, representante del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros.