Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República cancelaron, este 6 de febrero, la reunión para la discusión de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conocida como la reforma de ‘cobranza delegada’.
La minuta con proyecto de decreto permitiría que los pagos de créditos de nómina fueran descontados directamente del salario del trabajador, por medio de su empleador.
“Los trabajadores podrían ver parte de su salario embargado para el pago de créditos personales. La reforma de cobranza delegada implicaría un mayor costo de administración para las empresas, que ahora tendrían que cobrar los créditos", explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.
Riesgos para los trabajadores
Sin embargo, sus detractores, como el PAN, argumentan que la reforma es inconstitucional y violatoria de los derechos laborales. Señalan que el salario mínimo es inembargable y que la medida podría afectar negativamente a los trabajadores, especialmente a aquellos con ingresos bajos. Además, advierten que la reforma podría generar un costo de administración adicional para las empresas.
Un debate en curso
La cancelación de la discusión en el Senado deja en suspenso el futuro de la reforma. Es probable que el debate sobre la cobranza delegada continúe en los próximos meses, con argumentos a favor y en contra de su implementación. La decisión final sobre su aprobación o rechazo tendrá un impacto significativo en los trabajadores, las empresas y el sistema financiero del país.
¿En qué consiste la reforma de cobranza delegada?
De acuerdo con el proyecto de dictamen presentado en la Cámara de Senadores, se busca que las instituciones de crédito tengan facultades para cobrar los adeudos de los usuarios a través de sus patrones.
Estos cobros se harán siempre y cuando el trabajador tenga un crédito activo en una institución financiera, a excepción de los créditos con el Infonavit, ISSSTE o Fonacot.
Para ello, las entidades financieras deberán estar reconocidas por la Condusef y cumplir con regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, entre otras.
Con información de El Financiero
*BC
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