Las cinco personas que conformaban el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron el lunes su renuncia inmediata ante lo que definieron como una “imposibilidad jurídica” para realizar su tarea de seleccionar a las y los candidatos para la elección judicial del 1 de junio. Así lo informaron a través de un comunicado en redes sociales.
En el comunicado, los ahora exintegrantes del Comité señalaron que aceptaron el cargo con la convicción de que podrían garantizar un proceso transparente y profesional en la selección de los perfiles tras la reforma constitucional al Poder Judicial.
Sin embargo, reconocieron que luego de semanas de intenso trabajo, consideran que es “inviable la tarea constitucional” que les encomendaron.
“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, escribieron en el documento.
Los integrantes que presentaron su renuncia inmediata fueron los magistrados:
- Wilfrido Castrejón León
- Emma Meza Fonseca
- Mónica González Cobiño
- Hortencia María Emilia Molina de la Puente
- Luis Enrique Pereda Trejo
Renuncia en momentos de tensión
Es importante señalar que la renuncia de todos los integrantes del Comité ocurre al tiempo que se experimenta una fuerte tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, a consecuencia de las resoluciones emitidas por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cabe recordar que recientemente la Sala Superior del Tribunal determinó que el Senado de la República debe asumir las tareas de selección que estaban a cargo del Comité. Esto debido al desacato del último a una sentencia que le ordenaba reanudar con sus actividades.
Durante una sesión privada de este lunes, el TEPJF instruyó al Senado realizar un proceso de insaculación, es decir la tómbola, para elegir a las aspirantes. Con esta decisión se puede sortear la etapa de evaluación de la idoneidad de los perfiles de los candidatos, requisito que se establece en la reforma constitucional.
Con información de Reporte Indigo
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