Condenadan a Roxana Ruiz a seis años de prisión, mujer que mató a su violador en defensa propia
Roxana Ruiz fue sentenciada a 6 años 2 meses de prisión por haber asesinado a su violador, esto luego de que un juez del Poder Judicial mexiquense determinó que era culpable del delito de homicidio simple con exceso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.
Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo al salir Roxana.
"Esta pena no está justificada, Roxana no regresará a la prisión, esto apenas comienza, Roxana es una víctima. Esto es un acto de justicia para todas las mujeres", declaró el abogado Ángel Carrera.
"Vamos a seguir luchando para seguir con mi hijo, tratar de vivir", dijo la joven.
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Acompañada por el Comité en defensa de la Libertada de Roxana, la colectiva Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, la activista Araceli Osorio, madre de Lesvy quién fue víctima de feminicidio, y otras mujeres.
El pasado 10 de abril, Roxana Ruiz fue informada sobre la revocación de las medidas cautelares por el proceso que lleva, tras el “uso excesivo de legítima defensa” al asesinar a su violador, en mayo del 2021.
Luego de ser liberada el pasado 15 de febrero de este año, para llevar su proceso en libertad , los jueces Vicente Guadarrama, Alhelí Segura y Norma Angélica Delgado del Tribunal de Texcoco han decidido imponer prisión preventiva.
“Era él o yo”
“No voy a huir. Yo seguiré luchando porque defender mi vida no es un delito, era él o yo”, aseguró Roxana Ruiz a unas horas de que una jueza del Poder Judicial mexiquense, radicada en el penal de Neza-Bordo, establezca una condena, luego de que la semana pasada fue declarada culpable por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa en contra de su violador.
De 23 años de edad, la mujer originaria de Oaxaca describe que vive con el pesar de haber asesinado a su agresor sexual, “pero era su vida o la mía”.
“Me siento triste porque es el cumpleaños de mi hijo y no puedo estar con él. Hoy [domingo 14 de mayo] cumple seis años. Es doloroso no poder estar con él y más en estos momentos; ya quiero que esto se termine”, cuenta la joven, quien porta un cubrebocas durante la entrevista.
Recuerda que, desde un inicio denunció que las autoridades no la trataron como una víctima, sino como una delincuente.
“Conté todo, no corrí, les dije que abusó de mí, pero no me hicieron las pruebas ginecológicas y sicológicas necesarias. La fosfatasa ácida para determinar si hubo violación salió negativa porque la realizaron 40 horas después y no inmediatamente porque ésta sólo puede ser vista en un lapso de 16 horas”.
Hoy Roxana tiene miedo. Ha sido amenazada. También, dice, lo han sido sus compañeras de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, colectivo que “desde que conocieron mi caso me creyeron y me han apoyado. Ellas y otras mujeres me han dado fuerza y ánimo para no irme abajo. ¿De qué serviría esta lucha si decido irme o quitarme la vida? No sólo es mi esfuerzo sino el de todas las que han alzado la voz.
“No quiero volver allá, a la cárcel, no quiero separarme de mi hijo y de mi familia. No pienso quedarme callada, sólo quiero justicia. Las mujeres no tendríamos que pasar por estas cosas. Nuestra ropa o la hora a la que salimos de trabajar no es un motivo para que nos falten al respeto o que nos agredan.
“Alguien que sufre violencia sexual no debería estar encerrada por defenderse”, sentencia.
El 8 de mayo de 2021, Roxana salió a trabajar. De regreso a casa se encontró a una conocida y un grupo de personas que no conocía, entre ellos, Sinaí.
Este hombre le pidió asilo, con el pretexto de que no quería irse hasta su casa por la inseguridad del Estado de México: “Mi error fue irme por una calle distinta a la que siempre tomaba”.
Roxana espera que las autoridades revisen el caso con perspectiva de género: “Quiero reacomodar mi vida, porque ni trabajar puedo; quiero que esto termine y poder ser feliz con mi hijo”.
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La agresión
La joven de 22 años, originaria de Pinotepa Nacional, región Costa de Oaxaca, permanece en el penal del Bordo de Xochiaca, Estado de México, donde fue recluida tras defenderse de un hombre que la violó y a quien pudo matar en el forcejeo.
En un primer momento, Roxana fue acusada de homicidio simple; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) la señaló por el delito de homicidio culposo en una audiencia celebrada el 30 de noviembre.
Con este atenuante, la joven podría recuperar su libertad, pues en la audiencia le fue fijada una fianza que asciende a 450 mil pesos, detalla Escalante, quien se convirtió en la defensora de la joven gracias a las gestiones de Nos Queremos Vivas Neza, organización que trabaja en Nezahualcóyotl, a donde Roxana y su familia se mudaron hace años.
En contraste, la familia del hombre que agredió a Roxana exige 36 mil pesos por reparación del daño moral, a raíz de su muerte.
El caso ahora se encuentra en etapa intermedia; sin embargo, las activistas y equipo legal de Roxana lamentan que las condiciones de ella y su familia no le permitan cubrir el monto fijado por las autoridades.
“Roxana se siente frustrada por la situación donde la justicia se compra, porque el juicio oral prevé un procedimiento abreviado donde, si una persona que enfrenta un proceso se declara culpable y garantiza la reparación del daño, puede ser puesta en libertad”, declara.
En este momento, resalta, cubrir la fianza es imposible: “Lo valoramos en su momento con Roxana y llegamos a la conclusión de continuar el proceso que podría llegar a una instancia absolutoria, pero ello puede llevar un año y medio para agotar todos los recursos.
“Vemos que eso no es lo mejor porque como Roxana hay miles de personas más que no pueden cubrir sus montos y se mantienen en prisión”, agrega.
Ante ello, la familia, el equipo legal y las organizaciones y grupos feministas que han exigido desde mayo pasado libertad para Roxana, se organizaron para solicitar apoyo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que este respalde la situación de una mujer indígena y de bajos recursos.
Su propuesta es que el Estado, a través de la Comisión Estatal de Víctimas, pague el monto y evite un coste mayor tanto para la justicia como para la manutención de ella en prisión.
“Sabemos que un preso cuesta alrededor de 2 mil pesos diarios, más los gastos que costea la familia y los pagos judiciales”, afirma la abogada.
La asesora legal detalla que la legítima defensa es un atenuante para la forma en la que se comete el delito, en este caso, el homicidio; sin embargo, el juez a cargo del caso considera que, pese a ello, sigue siendo un delito doloso. Para la jurista, la percepción del juez es errónea, pues el exceso de legítima defensa puede considerarse como un error en la manera de actuar de Roxana y, por lo tanto, se convierte en un delito culposo.
La acusación, detalla, contempla el exceso de la legítima defensa, pues la Fiscalía de Género realizó un peritaje donde se establece que Roxana sufrió violencia por parte de su agresor, y en ese sentido, tuvo que señalar, al menos, que existió legítima defensa.
Los dictámenes fueron elaborados por personal de la misma fiscalía, pero “son parte de una manera prejuiciada de ver los hechos, pues finalmente dan cuenta de que en el cuarto de Roxana una persona perdió la vida por medios circunstanciales”, insiste la defensora.
La persona murió asfixiada con un trozo de tela, por lo que, indica la abogada, no había intención de quitarle la vida, sino que fue una acción de defensa, pues de existir la intención, los medios habrían sido otros.
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