Con Ley frenan producción y tráfico de fentanilo
Durante la madrugada el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos con la finalidad de frenar desde el tráfico hasta la producción de fentanilo.
También se aumentan los castigos a los traficantes y productores de este opioide sintético. Hay que recordar que esta sustancia tiene un uso legal para el sector médico, donde se emplea como un analgésico de alta efectividad.
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Sin embargo, a las personas que desvíen estos componentes químicos se les aplicarán penas de hasta 15 años de prisión mientras que los responsables de las empresas que colaboren en su comercialización recibirán penas de hasta 10 años.
Cabe recordar que el gobierno de EEUU anunció medidas legales contra líderes del Cártel de Sinaloa, considerado el principal productor de esta droga para su distribución en aquél país, donde ha causado la muerte de unas 107 mil personas, solo en el transcurso de 2022.
A mitad de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que “Esta reforma de ley es importantísima, fue impulsada también por el Ejecutivo en la medida que es muy trascendente porque hace varios cambios que van a facilitar el control de drogas”.
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La reforma se aprueba en medio de la creciente presión de Estados Unidos a México por los carteles de la droga, en particular los que producen fentanilo. Pese a las polémicas entre actores políticos de ambos países, de manera formal se establecieron acuerdos para combatir de manera coordinada el tráfico de esta droga.
Con la denominada “ley antifentanilo” toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de precursores y notificarlo a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Además, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) asumirá facultades para el combate a estas sustancias.
Con los ajustes a la ley, la personas que sea detenida en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos en el territorio mexicano, y no cuente con las autorizaciones o permisos correspondientes, podrá ser sancionada con 10 años de cárcel además de una multa de mil a cinco mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización).
Este 29 de abril, el Senado avaló la minuta procedente de la Cámara de Diputados, con lo que el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá promulgarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
Otro de los puntos que plantea esta reforma es la creación de una plataforma flexible para que “nuevas formulaciones de precursores químicos que la delincuencia organizada comúnmente va encontrando puedan ser también vigiladas”, indicó López-Gatell.
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