A tres meses de la deflagración registrada el 6 de agosto en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, familias afectadas solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar una revisión federal a Gas Titanium y Grupo Tomza, además de exigir justicia, atención institucional y reparación integral del daño.
El siniestro se originó por una fuga y acumulación de gas LP, cuya nube terminó por deflagrar. La unidad involucrada fue identificada por autoridades estatales como perteneciente a Tomza-Gas Titanium S.A. de C.V.
Eduardo Núñez Morales, asesor jurídico de las familias, señaló que los afectados todavía enfrentan secuelas físicas, emocionales y patrimoniales, y cuestionó que los procedimientos administrativos y los acuerdos reparatorios alcanzados hasta ahora sean suficientes para cerrar el caso.
Piden revisión federal a Gas Titanium y Grupo Tomza
La representación jurídica solicitó al Gobierno federal que, a través de la Secretaría de Energía y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), revise las condiciones de seguridad de instalaciones, vehículos y operaciones relacionadas con la distribución de gas LP.
La petición incluye verificar la integridad mecánica de las unidades, sistemas de seguridad, válvulas, recipientes, accesorios, capacitación de operadores y expedientes técnicos.
ASEA tiene facultades en materia de seguridad industrial, operativa y protección ambiental dentro del sector hidrocarburos, incluida la distribución de gas LP mediante autotanques y vehículos de reparto.
Desde el 6 de octubre está vigente además la NOM-EM-009-ASEA-2026, que establece requisitos más estrictos para inspecciones, integridad mecánica, equipamiento y operación de estas unidades.
Núñez Morales pidió que, en caso de detectarse incumplimientos, las autoridades ordenen la suspensión preventiva de operaciones hasta que se acredite el cumplimiento de la normativa.
Esa suspensión es hasta ahora una exigencia de las familias y no una sanción ya decretada.
“La empresa o gasera no puede seguir trabajando de esta forma hasta que no se garantice la seguridad o la normativa aplicable; queremos que la presidenta Sheinbaum ordene una revisión exhaustiva”, afirmó.
Protección Civil abrió procedimiento administrativo desde agosto
La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos inició desde el 7 de agosto un procedimiento administrativo contra Tomza-Gas Titanium para revisar documentación, condiciones técnicas y cumplimiento normativo.
Ese procedimiento es distinto de la investigación penal que desarrolla la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Las familias solicitaron que Protección Civil informe públicamente sobre las inspecciones realizadas, el estado de los procedimientos y, en su caso, las sanciones impuestas.
Hasta ahora, la información pública localizada confirma la apertura del procedimiento administrativo, pero no una resolución sancionatoria definitiva.
FGE recibió decenas de denuncias por daños y lesiones
En los primeros días posteriores al siniestro, la Fiscalía de Morelos reportó 55 denuncias, de las cuales 32 correspondían a daños, 17 a lesiones y seis a lesiones y daños.
Los balances iniciales también registraron decenas de personas lesionadas, viviendas afectadas, vehículos dañados e inmuebles con afectaciones estructurales.
Posteriormente se confirmó además el fallecimiento de Viviana Aguilar Zendejas, lo que amplió la dimensión jurídica del expediente.
La investigación penal y los procedimientos administrativos avanzan por vías distintas y los acuerdos reparatorios no necesariamente extinguen otras posibles responsabilidades que pudieran acreditarse.
Hay acuerdos reparatorios por más de 9 millones de pesos
La FGE informó en octubre sobre 29 acuerdos reparatorios por más de 9 millones de pesos, además de acompañamiento psicológico, jurídico y asesoría a víctimas.
Las familias y su representación legal sostienen, sin embargo, que esas medidas no equivalen todavía a una reparación integral para todas las personas afectadas.
La reparación puede involucrar daños físicos, psicológicos y patrimoniales, así como medidas de restitución, atención y garantías de no repetición.
Los trámites con aseguradoras o los convenios económicos tampoco sustituyen necesariamente las investigaciones administrativas o penales.
Peritajes todavía requerían conclusión integral
La representación de las víctimas señaló que ya existen dictámenes oficiales relacionados con el caso.
Sin embargo, en octubre la FGE había informado que contaba con resultados de dos de tres peritajes, mientras permanecía pendiente un tercer dictamen para integrar una conclusión más completa sobre las causas.
Especialistas de la Fiscalía General de la República participaron además en trabajos periciales.
Esa colaboración técnica federal no significa que la FGR haya asumido toda la investigación penal.
Familias mantienen demanda de reparación y no repetición
Las víctimas ya habían exigido desde octubre mayor claridad sobre peritajes, indemnizaciones, causas del siniestro y medidas para evitar nuevos hechos similares.
La petición dirigida ahora a Claudia Sheinbaum representa una nueva fase de presión institucional.
También existe un antecedente legislativo federal: se presentó un punto de acuerdo para solicitar revisiones a unidades, protocolos de seguridad, sanciones y medidas para garantizar que los acuerdos reparatorios no excluyan otras responsabilidades.
Las familias insisten en que cualquier revisión debe abarcar no sólo la unidad involucrada el 6 de agosto, sino también las condiciones de seguridad de las operaciones relacionadas con la distribución de gas LP en Morelos.
La afirmación de que todo el parque vehicular carece de seguridad corresponde a la representación jurídica de los afectados y no puede presentarse como hecho técnico acreditado sin una revisión oficial de las unidades.
SFQ
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