En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Melissa Montes de Oca Montoya, junto con legisladoras de diversas bancadas, presentó ante el Pleno del Congreso de Morelos la iniciativa Ley 3 de 3, con el objetivo de impedir que agresores y deudores alimentarios puedan ocupar cargos públicos.
Desde Tribuna, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género destacó que el Poder Legislativo estatal tiene la obligación constitucional de proteger la dignidad humana y garantizar que Morelos no se convierta en refugio de violentadores ni de quienes incumplen obligaciones alimentarias.
Morelos se suma al acuerdo nacional anunciado por Claudia Sheinbaum
Montes de Oca informó que el estado de Morelos se sumará al acuerdo nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para homologar el delito de abuso sexual en todo el país.
En ese contexto, la diputada anunció diversas actividades correspondientes a los 16 días de activismo para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.
“Que ningún deudor de pensiones alimenticia pueda gobernar, que ningún agresor sexual pueda legislar, que ningún violentador de mujeres pueda mandar”, sentenció.
Diputadas llaman a asumir responsabilidad frente a la violencia de género
En su mensaje ante el Pleno, Montes de Oca subrayó que el 25 de noviembre no es un día cualquiera, sino un recordatorio para los tres órdenes de gobierno de su obligación de garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres.
Recordó que la conmemoración surge del asesinato de las hermanas Mirabal y representa la lucha de miles de mujeres que han enfrentado abusos, omisiones institucionales y violencia estructural.
“Hoy hacemos política de la que transforma, de la que incomoda, de la que exige ética y de la que sí salva vidas”, afirmó al destacar el respaldo de sus compañeras diputadas para presentar la iniciativa de manera conjunta.
La Ley 3 de 3 busca blindar éticamente al servicio público
Finalmente, la legisladora explicó que esta reforma propone un blindaje ético en todos los niveles del servicio público: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos. La intención es impedir que deudores alimentarios, agresores, acosadores o violentadores puedan acceder a posiciones de poder.
*LGC
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