Comisión de Derechos Humanos de Morelos emite 12 recomendaciones en tres meses
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) mantiene una labor activa para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la entidad.
La presidenta del organismo, Nadxieelii Carranco Lechuga, informó que actualmente existen casi mil expedientes activos, y que durante los primeros tres meses de su gestión se han emitido 12 recomendaciones derivadas de investigaciones por casos diversos.
Atención prioritaria a casos de tortura y derecho a los cuidados
Carranco Lechuga destacó que uno de los temas prioritarios es la tortura, al considerar que representa una grave violación a los derechos humanos y requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
Además, señaló que la Comisión también está trabajando en casos relacionados con el acceso al derecho a los cuidados, un tema emergente dentro de la agenda de derechos humanos que busca garantizar condiciones dignas para las personas en situación de dependencia, así como para quienes brindan atención o acompañamiento.

Mil expedientes activos bajo análisis
La titular de la CDHMor precisó que el organismo tiene actualmente alrededor de mil expedientes activos, aunque aclaró que no todos corresponden a rezagos, ya que una parte importante de ellos fueron abiertos recientemente.
“Cada recomendación emitida implica una investigación exhaustiva, análisis de pruebas y una fundamentación jurídica antes de su publicación”, puntualizó Carranco Lechuga, al subrayar el compromiso de la Comisión con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos.
Compromiso con la atención inmediata y la resolución de casos
La presidenta reiteró que la prioridad de la CDHMor es dar atención inmediata a los casos más urgentes, con el propósito de avanzar en la resolución de los expedientes acumulados y recientes.
Carranco Lechuga afirmó que el organismo continúa fortaleciendo sus mecanismos de respuesta y acompañamiento a las víctimas, así como su coordinación con las instituciones públicas responsables de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
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