La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, logró la vinculación a proceso del ex alcalde de Tlalnepantla, "Ángel N", por el delito de extorsión agravada.
La vinculación a proceso se sustentó en una investigación realizada en donde mediante la presentación de pruebas testimoniales y documentales, se acreditó que el ex mandatario municipal exigió pagos considerados como indebidos a empleados municipales, regidores y elementos policíacos a cambio de no perder su empleo; además también se conoció que este pago era solicitado a toda aquella persona que buscara laborar en el ayuntamiento municipal.
De acuerdo con la carpeta de investigación, luego de resultar electo en junio de 2021, el ex alcalde convocó a diversas reuniones con colaboradores de campaña y trabajadores de distintas áreas de Seguridad Pública, siendo una de estas el 5 de noviembre de 2021 en un inmueble de Cuernavaca, en donde se contó con la presencia de al menos cuatro denunciantes y otros tres elementos de Seguridad Pública, quienes señalaron que en la misma, el ex edil estuvo acompañado por Arlette "N", quien fungía como coordinadora contable del ayuntamiento, además de también del entonces encargado del despacho de Seguridad Pública, en dónde exigió el pago de 3 mil pesos mensuales para conservar el empleo, con plazo hasta diciembre de ese año para realizar la entrega del dinero a "Arlette N".
Posteriormente, el 6 de noviembre, se llevó a cabo otra reunión a la que asistieron alrededor de 40 personas que lo apoyaron durante su campaña y en donde les solicitó 5 mil pesos a cada uno a cambio de ser dados de alta en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, instruyendo de nueva cuenta que el dinero fuera entregado a su contadora.
La audiencia de vinculación a proceso se realizó el pasado 19 de mayo de 2025 en la Ciudad Judicial de Cuautla, en donde la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas documentales y testimoniales de víctimas, empleados y regidores, quienes también exigieron que se confirmara que el exalcalde cometió actos de extorsión contra personas vulnerables con
necesidad de empleo.
Como medida cautelar, el Ministerio Público impuso la prohibición de acercarse a los testigos, restricción para salir del país sin autorización, y la prohibición de acudir al ayuntamiento y a las instalaciones de Seguridad Pública.
*LGC
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