El Gobierno de Morelos prepara un protocolo de actuación conjunta para revisar unidades de Gas LP y retirar de circulación aquellas que incumplan medidas de seguridad, informó Ubaldo González Carretes, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
El funcionario explicó que, ante las nuevas disposiciones federales, Protección Civil estatal trabajará con autoridades de Movilidad y con la Fiscalía General del Estado (FGE) para establecer el procedimiento que deberá seguirse cuando se detecte una unidad que represente riesgo.
La aplicación de sanciones administrativas por incumplimientos a las nuevas normas corresponde a las autoridades federales competentes, mientras que el estado participará dentro de sus atribuciones en la detección, retención preventiva y canalización de los casos.
Dos nuevas normas regulan transporte y distribución de Gas LP
Desde el 6 de octubre de 2026 están vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas de emergencia emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
La NOM-EM-008-ASEA-2026 establece requisitos para el transporte de Gas LP mediante auto-tanque y semirremolque, mientras que la NOM-EM-009-ASEA-2026 regula la distribución mediante auto-tanque y vehículos de reparto.
Ambas disposiciones tienen una vigencia inicial de seis meses, mientras se avanza hacia la regulación definitiva.
Las normas continúan y actualizan instrumentos emergentes que ya habían sido establecidos previamente para el sector, por lo que no surgieron exclusivamente a raíz del accidente registrado en Cuernavaca.
Revisiones incluyen condiciones mecánicas y capacitación
Las nuevas disposiciones no se limitan a revisar la apariencia física de las unidades.
La NOM relacionada con distribución establece inspecciones diarias, pruebas a recipientes, válvulas, equipos y accesorios, además de expedientes de integridad para cada vehículo y procedimientos específicos de operación.
También contempla capacitación teórico-práctica para operadores y equipo mínimo de seguridad.
Entre los elementos requeridos se encuentran extintores, calzas, lámparas, cinta estática y señalamientos preventivos, además de dispositivos para controlar la velocidad.
Para las unidades de transporte, la normativa establece medidas como limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora, inspecciones periódicas, pruebas hidrostáticas y medición ultrasónica de espesores.
Protocolo estatal todavía está en integración
González Carretes señaló que Protección Civil de Morelos ya giró oficios a las áreas de Movilidad y a la FGE para establecer cómo actuar ante unidades que incumplan las medidas de seguridad.
El protocolo todavía se encuentra en preparación.
La intención, explicó, es evitar que una unidad que represente riesgo continúe circulando mientras se solicita la intervención de las autoridades correspondientes.
Movilidad y la Fiscalía tendrían funciones distintas dentro del esquema. Mientras las autoridades de transporte actuarían dentro de sus atribuciones sobre circulación y condiciones vehiculares, la FGE podría intervenir cuando existan hechos posiblemente constitutivos de delito.
Accidente en Las Granjas dejó una persona fallecida
El nuevo esquema de revisión cobra relevancia después de la explosión ocurrida el 6 de agosto de 2026 en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, relacionada con una unidad de la empresa Tomza Gas Titanium.
El saldo inicial fue de 22 personas lesionadas y afectaciones en decenas de viviendas. Posteriormente, la Fiscalía de Morelos confirmó el fallecimiento de una de las personas que había resultado herida.
La FGE abrió investigaciones por daños, lesiones y posteriormente por la muerte de la víctima.
Representantes legales de Tomza Gas Titanium y de sus aseguradoras también participaron en reuniones relacionadas con la reparación de los daños.
Congreso federal pidió revisar la flota de la empresa
Después del accidente, en la Cámara de Diputados se presentó una proposición para solicitar a ASEA y a la Comisión Nacional de Energía una auditoría técnica e inspección extraordinaria de la flota de Tomza Gas Titanium que opera en Morelos.
El planteamiento fue turnado a comisión, por lo que no constituye una sanción ya aplicada.
La eventual responsabilidad administrativa federal y la investigación penal estatal siguen rutas distintas.
Avanzan acuerdos para reparar daños
Además de las investigaciones y revisiones regulatorias, también se abrió un proceso de reparación para las personas afectadas.
Para octubre se habían reportado 29 acuerdos reparatorios de 66 denuncias, con pagos superiores a 9.4 millones de pesos por parte de la empresa y su aseguradora.
Estos acuerdos corresponden a la reparación del daño y no sustituyen las posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran determinar las autoridades.
Mientras avanza ese proceso, Protección Civil de Morelos trabaja en el nuevo protocolo para coordinar revisiones, impedir la circulación de unidades que representen riesgo y solicitar la intervención federal cuando se detecten incumplimientos a las normas de seguridad.
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