El Gobierno de Morelos alertó que el sistema de pensiones enfrenta una crisis que podría agravarse hacia el año 2030, advirtió el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta.
En rueda de prensa, el funcionario estatal señaló que, luego de pausar la armonización de una reforma a la Ley del Servicio Civil para la creación de un Instituto de Pensiones, se determinó que su creación no es viable por el momento, pues se requiere que todos los organismos públicos autónomos, paraestatales, ayuntamientos y poderes realicen una revisión exhaustiva de sus sistemas.
Piden estudios actuariales para revisar pensiones
Salazar Acosta aseguró que la mayoría de estos entes públicos no cuentan con estudios actuariales, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera. Por ello, exhortó a cada organismo a asumir su responsabilidad en materia pensionaria y realizar los estudios correspondientes.
Como un punto importante, el titular de la dependencia recomendó a las citadas entidades comenzar por las denominadas “pensiones doradas”, para que, en caso necesario, puedan emprender acciones legales sobre este rubro.
“Estamos pidiendo que la mayoría de las entidades públicas que conforman los ayuntamientos, poderes, órganos autónomos, paraestatales para que tengan un estudio actuarial del rubro”, señaló.
Creación de Instituto de Pensiones queda en pausa
El titular de la dependencia reveló que, tras una serie de mesas de trabajo con especialistas, entre ellos el rector del Colegio de Morelos y el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se determinó que la creación de un Instituto de Pensiones no es viable por el momento.
Explicó que antes de avanzar en esta propuesta, cada organismo deberá someterse a un análisis profundo de sus proyecciones de pago de pensiones.
Pensiones ya impactan el presupuesto estatal
Salazar Acosta advirtió que el impacto financiero del sistema de pensiones ya se refleja en el presupuesto estatal, al señalar que diversos órganos, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), entre otros, solicitaron ampliaciones presupuestales.
El funcionario indicó que se autorizó un monto total de 185 millones de pesos entre las entidades mencionadas. Este gasto, dijo, se agravará hacia 2030 si no se toman medidas estructurales.
Por ello, insistió en que cada ente público revise las condiciones de gasto en materia pensionaria para evitar un colapso o déficit.
SFQ
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