El empresario y excandidato a diputado local de Morelos, Aristóteles Martínez, respondió a las acusaciones realizadas por su exesposa, Gabriela Estrada, quien el pasado 30 de julio lo denunció públicamente por presuntos actos de violencia familiar.
En conferencia de prensa, acompañado por su equipo jurídico encabezado por la abogada penal Naybi Ríos, sostuvo que las acusaciones son falsas y aseguró que la guardia y custodia de sus hijos le fue otorgada mediante resoluciones emitidas por la autoridad judicial.
Martínez afirmó que todas las determinaciones relacionadas con el proceso familiar se encuentran sustentadas legalmente y señaló que, durante el conflicto, su exesposa presuntamente le solicitó 20 millones de pesos a cambio de cederle la custodia de los menores.
El empresario consideró que las acusaciones en su contra obedecen a intereses económicos y personales. Asimismo, señaló a Javier Orduño, fundador del restaurante Emilia, ubicado en Teopanzolco, de haber respaldado la conferencia de prensa ofrecida previamente por Gabriela Estrada como una forma de presión.
Explicó que en octubre de 2023 se asoció con Orduño para desarrollar dicho proyecto gastronómico mediante una inversión de varios millones de pesos; sin embargo, aseguró que, pese a que el acuerdo contemplaba el pago de dividendos a partir de marzo de 2025, nunca recibió utilidades.
"Por eso decidí salirme de la sociedad porque no recibí ninguna ganancia, hubo irregularidades administrativas y operativas en la creación de ese restaurante", declaró.
Finalmente, Aristóteles Martínez reiteró que continuará atendiendo los procedimientos legales por las vías institucionales y manifestó su confianza en que las autoridades resolverán el caso conforme a derecho, privilegiando el interés superior de sus hijos.
Cabe recordar que las acusaciones formuladas tanto por Gabriela Estrada como la respuesta ofrecida por Aristóteles Martínez forman parte de un proceso legal en curso. Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre los señalamientos, por lo que ambas partes conservan sus derechos conforme al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.
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