El diputado local Daniel Martínez Terrazas exigió abrir una carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual diputado federal plurinominal por Morena, por presuntos vínculos con Homero “N”, alias “La Tripa”, líder criminal que habría formado parte de la nómina del Ayuntamiento de Cuernavaca durante la administración municipal encabezada por el exfutbolista entre 2016 y 2018.
Martínez Terrazas señaló que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) tiene pendiente esclarecer las acusaciones contra funcionarios públicos vinculados con actividades ilícitas. “Que la gente sepa que esos gobiernos, como el que representó Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, no pueden regresar a esta ciudad”, declaró.
Acusaciones por violencia sexual
La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, exigió que Blanco solicite licencia a su cargo para despojarse del fuero constitucional y enfrentar directamente las investigaciones penales en su contra por presunto intento de violación y agresiones sexuales.
El caso tomó relevancia nacional luego de que la media hermana del exfutbolista presentara una denuncia formal por una agresión sexual ocurrida durante su mandato como gobernador de Morelos. Muñoz recordó que su bancada insistió en que no se desechara la solicitud de procedencia para retirarle el fuero.
Reacciones en el Mundial 2026
La presencia de Cuauhtémoc Blanco en el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 generó un ambiente polarizado. Mientras algunos aficionados lo ovacionaron, otros lo increparon con abucheos e insultos, reclamándole por su gestión política con consignas como: “¡Te andan buscando en Cuernavaca!” y “¡Ratero!”.
Exigencia de sentencias firmes
El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso de Morelos, afirmó que las investigaciones derivadas de la detención de Homero “N” deben concluir con sentencias firmes y resultados concretos.
Sotelo subrayó que las carpetas abiertas deben llegar hasta sus últimas consecuencias para garantizar transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de servidores públicos con funciones de poder y representación.
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