El abogado Edgar Núñez Urquiza, defensor del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, informó que promovió más de diez amparos a favor del edil, quien fue detenido el pasado 25 de abril y vinculado a proceso por su probable participación en delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
El litigante explicó que los recursos legales fueron interpuestos al considerar que existieron irregularidades en la resolución emitida por el juez de control, principalmente en la valoración de los datos de prueba presentados durante el proceso judicial.
Defensa acusa irregularidades en proceso judicial
En entrevista, Edgar Núñez Urquiza aseguró que la resolución judicial presentó inconsistencias jurídicas relacionadas con la vinculación a proceso del alcalde.
Asimismo, señaló que la defensa considera inconstitucional e inconvencional la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al edil.
El abogado sostuvo que la decisión del juez de control no cumplió con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la aplicación de esta medida cautelar.
Defensa busca liberar al alcalde de Tlalnepantla
El también ex vicefiscal anticorrupción de Morelos afirmó que los amparos tienen como objetivo revertir la resolución judicial y obtener la liberación del presidente municipal.
Además, explicó que la SCJN establece que la prisión preventiva requiere análisis más profundos y estrictos para justificar su aplicación.
Según la defensa, el juez de control habría incumplido dichos criterios al momento de dictar la medida cautelar contra el alcalde.
Cuestionan pruebas presentadas en el caso
Núñez Urquiza aseguró que los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación no acreditan daño psicológico, físico o moral.
Asimismo, argumentó que las acusaciones se sostienen principalmente en declaraciones realizadas por la presunta víctima.
Finalmente, el abogado afirmó que la defensa apelará “hasta las últimas consecuencias” con el objetivo de revertir la resolución judicial y garantizar el principio de presunción de inocencia.
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