El secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, Alan Dupré Ramírez, admitió que únicamente los municipios de Cuernavaca y Cuautla cuentan actualmente con reglamentos vigentes que sancionan la crueldad animal.
El funcionario estatal señaló que el 90 por ciento de los municipios morelenses, es decir, 34 de las 36 demarcaciones, no han actualizado sus políticas públicas en materia de bienestar animal, situación que consideró preocupante ante el incremento de casos de maltrato y violencia contra animales.
Municipios de Morelos incumplen en bienestar animal
Alan Dupré Ramírez lamentó que, pese a existir atribuciones específicas y sanciones penales tanto a nivel federal como estatal, la mayoría de los ayuntamientos no han dado prioridad a la actualización de sus reglamentos de protección animal.
“El incumplimiento municipal refleja una falta de importancia hacia el bienestar animal y sus obligaciones legales”, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
Asimismo, exhortó a los gobiernos municipales a considerar los reglamentos de bienestar animal como parte de sus responsabilidades institucionales y avanzar en la creación o actualización de estas normas.
Secretaría de Desarrollo Sustentable ofrecerá acompañamiento técnico
El funcionario reconoció también el trabajo de las asociaciones y sociedades protectoras de animales, a las que calificó como aliadas estratégicas de la dependencia estatal.
En ese sentido, no descartó brindar acompañamiento técnico a los alcaldes y ayuntamientos para impulsar reglamentos municipales que permitan sancionar actos de crueldad animal y fortalecer la protección de mascotas y fauna doméstica.
Crece preocupación por casos de maltrato animal en Morelos
La declaración ocurre en medio de diversas denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos casos de maltrato animal en distintos municipios de Morelos, así como por la falta de reglamentos locales que permitan actuar de manera inmediata ante este tipo de situaciones.
Organizaciones protectoras han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de bienestar animal y garantizar que los municipios cuenten con herramientas legales para sancionar estas conductas.
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