La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que su administración ya trabaja en una iniciativa para modificar los artículos transitorios 2, 57 BIS y 58 de la Ley del Servicio Civil del estado, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los trabajadores en activo.
Lo anterior se dio a conocer luego de que trabajadores de diversas dependencias estatales se manifestaran el pasado miércoles 20 de enero en la Plaza de Armas de Cuernavaca, en rechazo a la reforma, al considerar que podría afectar sus derechos laborales.
En este contexto, la mandataria estatal señaló que ya sostuvo diálogo con los líderes del Frente Social de los Trabajadores, a quienes explicó los alcances de la modificación a los artículos transitorios de la reforma, misma que fue anunciada el pasado lunes durante su Conferencia de Prensa Semanal en Tlaquiltenango.
González Saravia reiteró que el Ejecutivo estatal, a través de la Oficina de la Gubernatura, ya firmó y entregó al Congreso de Morelos una iniciativa para agregar un segundo párrafo a la disposición transitoria segunda del Decreto 997, con la finalidad de que dicha reforma solo sea aplicable a los trabajadores de nuevo ingreso, es decir, a quienes se incorporen a laborar después de la entrada en vigor del decreto.

Enfatizó que los derechos de la base trabajadora y del personal actualmente activo en las distintas dependencias estatales están plenamente garantizados.
“Nosotros ya hablamos con todos los trabajadores, les comentamos que desde la Gubernatura se iba a trabajar en la modificación del decreto de la Ley del Servicio Civil para que solamente aplique a los trabajadores de nuevo ingreso; mientras tanto, para todos ellos, sus derechos están completamente garantizados”, explicó.
Asimismo, la gobernadora indicó que las dirigencias sindicales ya fueron notificadas oficialmente, con el propósito de evitar incertidumbre entre las y los trabajadores del estado.
Cabe recordar que el Decreto 997 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 22 de diciembre de 2025, el cual establece que los trabajadores al servicio del Estado cuyos salarios provengan de recursos federales no podrán acceder a una jubilación, disposición que ha generado inconformidad entre diversos sectores laborales.














