La titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Verónica Gomar Paredes, acudió el pasado 2 de diciembre, en horario laboral, ante el Juez Primero Penal en Puebla. Su objetivo fue defender un peritaje a favor de Marco Antonio Pérez Lara, sentenciado a más de 40 años por homicidio calificado.
La funcionaria fue contratada por la defensa del delincuente para contradecir el peritaje oficial solicitado previamente por el juez, mismo que contribuyó a la sentencia condenatoria. Durante su participación, Gomar afirmó que el acusado sufrió toques eléctricos y asfixia húmeda, aunque sin presentar evidencias actuales, análisis de lesiones recientes ni entrevistas al implicado.
El peritaje oficial contradice a la funcionaria
El informe elaborado por peritos autónomos, nombrados por el juez y aceptados por el propio acusado, concluyó que no hubo trato cruel ni tortura, desestimando completamente los argumentos de la defensa.
Aun así, la funcionaria decidió emitir un dictamen basado únicamente en cicatrices antiguas, sin evidencia científica que sustente la supuesta tortura.
El juez ya valoró y descartó el peritaje de Gomar por falta de valor probatorio, mientras la defensa insiste en usar dicho dictamen para buscar la liberación del criminal.
Señalamientos de ética y conflicto laboral
La actuación de Gomar Paredes ha generado múltiples cuestionamientos, pues:
No informó al juzgado que se encontraba laborando actualmente para la Fiscalía de Morelos durante la diligencia.
No proporcionó sus generales, alegando que “constaban en autos”, lo que evitó actualizar su estatus como funcionaria vigente.
Asistió a la audiencia dentro de su horario laboral, lo que podría violar la normatividad interna.
Esto contrasta con otra perito del caso, quien sí notificó formalmente su horario laboral universitario para gestionar ausencias conforme a la ley.
Además, el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Morelos exige que su personal se abstenga de desempeñar cargos o comisiones externas, lo que podría implicar una falta administrativa.
La postura de la Fiscalía de Morelos
Ante el cuestionamiento, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar dijo no tener conocimiento del caso, pero recalcó que todo servidor público —incluido él— se encuentra sujeto a evaluación constante, y que la institución debe conducirse bajo principios de legalidad, ética, respeto y profesionalismo.
La situación ha generado preocupación porque la titular de Servicios Periciales, quien debe velar por las víctimas y la correcta procuración de justicia, estaría actuando en favor de un criminal, presuntamente en contradicción con sus obligaciones.
Los hechos del homicidio
La sentencia contra Marco Antonio Pérez Lara se basó en una investigación sólida realizada por la Fiscalía de Puebla, la cual demostró que el agresor, junto con dos sicarios, asesinó a su víctima usando bóxers, pistolas eléctricas y puñales, todo en complicidad con la pareja del occiso.
La carpeta de investigación incluyó confesiones, chats, llamadas, videos, peritajes y otras pruebas contundentes, que derivaron en una sentencia firme.
Pese a ello, la defensa busca aprovechar supuestos “resquicios legales” para lograr su liberación.
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