Las y los diputados del Congreso del Estado de Morelos designaron este jueves a Antonio Morales Rodríguez como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Impepac; y a Dadfin Urbina Gómez como responsable del OIC de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SAEM).
El Pleno del Congreso votó por cédula a los aspirantes de ambos cargos, luego de revisar los perfiles y dictámenes presentados por la Junta Política y de Gobierno y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
Eligen a Karla Socorro Reyes Reyes y Clara Elizabeth Soto Castor como nuevas magistradas del TJA
En dos rondas de votación por cédula, fueron electas Karla Socorro Reyes Reyes y Clara Elizabeth Soto Castor para ocupar las dos magistraturas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos.
El diputado Isaac Pimentel Mejía destacó que la elección se realizó mediante una decisión “colegiada y responsable” por parte de los 20 diputados de la LVI Legislatura, tras analizar las comparecencias de 14 candidatos.
Las nuevas magistradas rindieron protesta ante el Pleno tras recibir 19 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Convocatoria abierta y revisión de perfiles
Pimentel Mejía explicó que la convocatoria para aspirar a las magistraturas del TJA estuvo abierta para todas las personas que cumplieran con los requisitos.
Ante señalamientos sobre aspirantes presuntamente cercanos al legislador, aclaró que la Junta Política y de Gobierno evaluó los perfiles “de manera transparente” y bajo criterios técnicos.
El Congreso también aprobó el dictamen con los nombres de los 14 aspirantes a las dos magistraturas, así como la lista de nueve aspirantes al OIC del Impepac y tres aspirantes al OIC del Sistema Estatal Anticorrupción.
Requiere TJA 20 millones de pesos adicionales para operar nuevas magistraturas
Tras la toma de protesta de las magistradas, el presidente del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, rechazó el proceso de designación al afirmar que no existen condiciones materiales ni presupuestales para que las nuevas magistraturas puedan funcionar.
Arroyo Cruz señaló que:
No se cuentan con oficinas ni personal suficiente.
La convocatoria no fue paritaria, pese a que así lo establece la ley.
El Tribunal necesita mínimo 20 millones de pesos adicionales para operar adecuadamente.
Tampoco se autorizó la ampliación presupuestaria requerida para 2026.
Se requiere la ampliación de 1 millón de pesos para el pago de una pensión pendiente.
El magistrado exhortó al Congreso a asignar los recursos necesarios para evitar rezagos en la resolución de laudos.
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