El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, ha hecho un llamado a la Auditoría Superior de Fiscalización (ESAF) para que acelere la investigación y se determinen con prontitud las responsabilidades correspondientes, respecto a las pesquisas en torno a un presunto desvío de más de 256 millones de pesos en la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el ejercicio fiscal 2023 bajo la gestión de Uriel Carmona Gándara.
La petición del funcionario señala la importancia de esclarecer el manejo de los fondos públicos y asegurar que cualquier irregularidad sea sancionada de manera ejemplar, dada la magnitud del presunto desfalco.
Según José Blas Cuevas Díaz, auditor de la ESAF, las anomalías detectadas son diversas y preocupantes e incluyen pagos sospechosos por concepto de honorarios y nóminas, así como la emisión y posterior cancelación de facturas.
Además, se han identificado gastos de viajes a Sudamérica y Europa que carecen de una justificación clara, lo que sugiere un posible uso indebido de los recursos destinados a la institución en cuestión.
Si las irregularidades se confirman, el caso podría derivar en graves sanciones administrativas o penales para los involucrados.
La indagatoria busca no solo precisar el destino de los fondos desaparecidos, sino también garantizar que se aplique la ley con todo su peso, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración estatal de Morelos.
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