En un firme posicionamiento ante la impunidad judicial, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, solicitó al Poder Judicial una revisión detallada de las resoluciones que han liberado a presuntos miembros de la delincuencia organizada, pese a los operativos que resultaron en sus detenciones.
Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad realizada en el municipio de Tlayacapan, González Saravia expresó su preocupación por fallos judiciales que —afirmó— han contradicho el esfuerzo institucional para frenar la violencia y desmantelar redes delictivas en la entidad.
“Cuando se detiene con claridad a una persona y se le libera, eso perjudica a la sociedad”, advirtió la mandataria, al señalar que estas liberaciones “neutralizan los avances logrados mediante operativos legales y coordinados”.
Solicitud formal de revisión
La gobernadora informó que el pasado lunes envió una solicitud formal al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que se revisen minuciosamente los casos en los que jueces han dictado resoluciones contrarias a los objetivos de seguridad pública, particularmente aquellos que han resultado en la liberación de objetivos criminales considerados prioritarios.
Esta petición, explicó, busca identificar patrones o vacíos procesales que puedan estar siendo aprovechados por redes delictivas o que estén afectando la efectividad del sistema de justicia penal en la entidad.
Caso “El Belicón”
Como ejemplo de la preocupación institucional, González Saravia citó el reciente caso de Adrián “N”, alias “El Belicón”, presunto cabecilla criminal en Cuernavaca, quien fue detenido el 3 de julio en operativos desplegados en las colonias Del Empleado y Lienzo Charro, junto a otro sujeto identificado como Jesús Antonio “N”. La gobernadora dejó entrever que este caso representa uno de los que habrían sido afectados por decisiones judiciales que permitieron su liberación o que han puesto en riesgo la continuidad de las investigaciones.
“Estas resoluciones afectan directamente el trabajo conjunto entre el estado, la federación y las fuerzas de seguridad. Comprometen no solo nuestra capacidad de respuesta, sino también la percepción de justicia entre la población”, insistió.
La gobernadora concluyó su mensaje haciendo un llamado a la coordinación entre poderes y al compromiso de todas las instituciones con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Recalcó que la justicia no debe ser selectiva ni susceptible a intereses ajenos al bien público, y que el objetivo común debe ser garantizar que quienes delinquen enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
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