La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a tres exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la administración 2012–2018, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Según dio a conocer la dependencia en un comunicado de prensa, los señalados son el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Einar Topiltzin “N”; el exsubsecretario de Gestión Ambiental, José Iván “N”; y el exdirector general de Gestión Ambiental, Noé “N”.
Los tres son señalados por su presunta omisión en el mantenimiento y operación de la Planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en el municipio de Xochitepec, una instalación con valor superior a 39 millones 500 mil pesos, actualmente fuera de operación y en estado de abandono.
El expediente
Este caso, presentado por la Fiscalía Anticorrupción, esta soportada en la denuncia presentada por el Ejecutivo Estatal: la planta no recibió mantenimiento conforme a los programas establecidos, ni fue operada siguiendo los manuales técnicos. Los equipos fueron tratados con negligencia, algunos vandalizados, al grado de quedar inutilizados.
En audiencia celebrada el pasado 28 de abril de 2025, la Fiscalía Anticorrupción expuso que Einar Topiltzin “N”, en su calidad de secretario, tenía la obligación de administrar, dirigir y supervisar los programas estatales, entre ellos la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, función que presuntamente incumplió, lo que resultó en el deterioro total de la planta construida en 2016.
Por su parte, José Iván “N”, exsubsecretario, estaba obligado a aplicar y evaluar los convenios en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, lo cual tampoco realizó. A su vez, Noé “N”, como director general de Gestión Ambiental, no ejecutó acciones de supervisión ni coordinación para garantizar el funcionamiento adecuado de la planta.
Las omisiones atribuidas a los tres exfuncionarios derivaron en el abandono de la planta al concluir su gestión, dejándola inoperante, sin cumplir el objetivo para el que fue diseñada. La falta de personal capacitado, ausencia de protocolos jurídicos y técnicos, y el desinterés en establecer mecanismos de control, dieron lugar a una afectación directa al patrimonio del Gobierno del Estado.
Aunado a lo anterior, no se notificó al entonces gobernador que la planta se construiría dentro de una zona de reserva natural, clasificada como selva baja caducifolia, ocasionando un impacto negativo en el ecosistema local. Tampoco se advirtió que el mal manejo de la planta impediría el cumplimiento de su finalidad ecológica.
A solicitud de la defensa, el Juez de Control otorgó un plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.
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