Ofrece IMM protocolos por violencia en razón de género a regidoras morelenses

El Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM) mantiene comunicación con las dos regidoras morelenses que denunciaron en días pasados, ser víctimas de violencia política en razón de género.

En entrevista, la presidenta del organismo autónomo, Isela Chávez Cardoso, expuso que al conocer de las denuncias públicas hechas por las regidoras, se declararon en alerta.

Se trata de la regidora indígena de Cuautla, Araceli Xixitla Zapotitla y de la concejala del municipio de Temixco, Adriana de la Cruz Castrejón.

“Hemos tenido la fortuna de hablar, en ambos casos, con las dos. Ellas están bien y saben que el instituto tienen las puertas abiertas y que dentro del Instituto de la Mujer, tenemos tolerancia cero a cualquier tipo de violencia que les afecte en su integridad y que saben que cuentan con nosotros. El acompañamiento es para ellas. Nosotros también tenemos protocolos para atender la violencia política y que sepan que si hemos tenido contacto con ellas”, señalo.

Indico que las acciones a seguir, se ciñen a lo que ellas soliciten, desde asesoría legal, hasta atención psicológica si así lo requieren.

En tanto que en el caso de los alcaldes, deberán de ser las instancias que llevan las denuncias legales correspondientes, las que determinen las posibles sanciones a las que se hagan merecedores.

Los casos

Fue primero, la regidora Araceli Xixitla Zapotitla, quien denunció haber sido víctima de agresiones verbales y amenazas por parte del alcalde Jesús Corona. El municipe golpeó la mesa con fuerza, le gritó a la regidora y la acusó de saquear la comuna, además de amenazarla con destituir al personal a su cargo y a quienes han sido propuestas suyas en la administración pública municipal.

Mientras que hace unos días, la regidora del Ayuntamiento de Temixco, Adriana de la Cruz Castrejón denunció que el edil de esa localidad, Israel Piña Labra ha incurrido en una serie de acciones que se tipifican como violencia política de género, al oponerse a que el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) sea destinado a la contratación de personal, en lugar de ocuparlo en obra pública.