La reciente revelación de fosas clandestinas y un centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido al país, poniendo de manifiesto la terrible realidad de la desaparición forzada en México.
El Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, dijeron que este hallazgo no es una excepción, sino una muestra palpable de la "tecnología del horror" que representa la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
En rueda de prensa, las organizaciones sociales y sindicales integrantes del pacto, expresaron su solidaridad con Ayotzinapa y Teuchitlán, así como con las madres buscadoras y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las organizaciones firmantes, expresaron su preocupación ante las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la atención a la crisis de desapariciones.
En este sentido, proponen una serie de medidas urgentes, entre las que destacan: La creación de un Plan Nacional de Prevención de Desapariciones con la participación activa de los colectivos de buscadoras y organizaciones de la sociedad civil. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos incluso ante delitos de terceros.
Un plan para abatir la impunidad solicitando el apoyo de Naciones Unidas para la creación de un Mecanismo Extraordinario contra la Impunidad que colabore con las fiscalías.
El fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana que homologue y comparta información entre fiscalías. Se critica la falta de voluntad política para operar este sistema.
La implementación efectiva del Protocolo Homologado de Búsqueda , la reactivación del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y del Consejo Ciudadano de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para apoyar la identificación de los más de 72 mil cuerpos acumulados en los SEMEFO; así como el aumento de personal calificado y presupuesto suficiente para las Comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, con un enfoque victimal, que el Estado deje de litigar contra las víctimas y la inclusión del delito de desaparición en los informes semanales del gabinete de seguridad.
Las organizaciones rechazan la idea de equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, ya que esto históricamente ha llevado a que las investigaciones sean desechadas al no haber una petición de rescate. Consideran que esta homologación exhibe un "desconocimiento profundo de la grave problemática".
Finalmente, el Pacto Morelos subraya que estas demandas sólo serán posibles manteniendo la organización y movilización independiente, construyendo un polo social de lucha para articular las demandas sociales y la defensa de los derechos humanos, tanto por Teuchitlán como por los 43 de Ayotzinapa. "Hoy más que nunca es claro que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden mediante la lucha independiente". La exigencia es clara: no puede haber democracia con desaparecidos, señalaron.
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