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Exigen a Jorge Gamboa Olea dejar de intimidar activistas


Organizaciones sociales se movilizan para respaldar a Gabriel Rivas
Por Dulce Maya | 25 Febrero, 2025 | 11:37 h
Local
Exigen a Jorge Gamboa Olea dejar de intimidar activistas

Al respaldar al regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca y vocero de la Asociación Cívica Morelense, Gabriel Rivas Ríos; organizaciones sociales acusaron al titular del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea de incurrir en una serie de atentados en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en la exigencia de justicia en Morelos.

Este lunes, las organizaciones sociales se manifestaron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia para exigir a Gamboa Olea deje de intimidar con denuncias penales a quienes evidencian públicamente irregularidades en la impartición de la justicia.

A los pies de la  Diosa Themis, en la sede del Poder Judicial Gabriel Rivas declaró que los señalamientos hechos por el Magistrado Presidente, Jorge Gamboa Olea, son irregulares e intentos por criminalizar las manifestaciones sociales.

 

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El encuentro

La movilización ciudadana respaldó a Gabriel Rivas Ríos, quien había convenido una audiencia con el titular del Poder Judicial en Morelos,  la tarde de este lunes.

Durante la reunión, los asistentes expresaron sus inquietudes respecto a la supuesta “preliberación” de Marcelino “N”, sentenciado a 32 años de prisión por el homicidio del activista Gustavo Salgado Delgado en 2015.

Ahí, Gamboa Olea aclaró que el caso se encuentra en una fase de ejecución de sentencia y que cualquier resolución deberá apegarse estrictamente a lo establecido en la ley.

Explicó que, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, todas las solicitudes de beneficios de preliberación o sustitutivos penales deben ser analizadas por el juez de ejecución y cumplir con los requisitos legales correspondientes: “La solicitud está en proceso de análisis, pero esto no significa que se vaya a conceder la libertad. No hay un beneficio automático”, precisó el Magistrado Presidente.

Finalmente, se acordó establecer un canal de comunicación entre el Poder Judicial y las asociaciones civiles para dar seguimiento al caso y atender cualquier duda que pueda surgir en el proceso.

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