La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió dos iniciativas al Congreso de la Unión para crear un megasistema de investigación e inteligencia en el país, a la que por ley estarán conectados no solo los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sino que además deberán sumarse las fiscalías o procuradurías de cada entidad federativa, lo mismo que las secretarías de seguridad de estados y municipios, entre otras instancias locales.
Se trata de las iniciativas de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el Combate al Crimen, con las que el gobierno de la República pretende combatir uno de los más graves problemas que agobian al país, como es el de la delincuencia, que tanta violencia y homicidios ha generado en el país.
El objetivo es crear un modelo preventivo que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch, recolectar, procesar y aprovechar información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública. Y en este nuevo esquema, los estados y municipios tendrán un importante papel, pues colaborarán con información con otras instancias.
Las secretarías de Seguridad Pública de los estados, las municipales, los centros penitenciarios federales, estatales y municipales; la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y registros públicos de catastros, entre otros, deberán sumarse con su información.
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Es previsibe que, en virtud de las mayorías parlamentarias que tiene Morena con sus aliados, las iniciativas sean aprobadas en breve, lo que implica en un plazo no mayor a 180 días desde la entrada en vigor de la ley, podrá comenzarse a obtener información, documentos, grabaciones, videograbaciones, testimonios y otros insumos que puedan ser aportados como pruebas y evidencias para la investigación de delitos, sobre todo los de alto impacto.
Con esto, se podrán elaborar mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como focalizar la incidencia delictiva por localidades, municipios y estados, regiones y zonas prioritarias, de interés estratégico. "Con su operación -se plantea en la iniciativa-, se pretende identificar tendencias, patrones y probabilidad de manifestación de fenómenos delictivos. Asimismo, genera productos de inteligencia para la elaboración de estrategias y la ejecución de operaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana".
Ciertamente, mucha de esa información y colaboración ya había comenzado en con algunas entidades del país. La diferencia estriba ahora en que cuenta con un marco legal, la obligatoriedad de colaborar, así como una estructura definida, objetivos concretos y programas de operación específicos para combatir conjuntamente a la delincuencia. La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y los organismos policíacos municipales, entre otras dependencias locales, deben prepararse para consolidar el megasistema de investigación e inteligencia que no solo servirá integralmente en el país, sino particularmente a nuestra entidad, tan castigada por la violencia.
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