La radiografía del daño en materia de seguridad causado por Cuauhtémoc Blanco Bravo y el entonces comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, no solo se mide por la estela de muertes y feminicidios en la entidad, sino por el daño estructural a las instituciones.
Los morelenses se siguen preguntando si fue casual o causal, derivado de oscuras intenciones que el exgobernador y su responsable de seguridad pública hayan llevado al abismo a la policía estatal, y hayan acaparado, con el Mando Coordinado, el control de las policías municipales, cuando en realidad abandonó a su suerte a los municipios, con excepción de Cuernavaca, que siempre defendió su autonomía y criticó que ni siquiera hubiera estrategia de seguridad.
Del daño estructural a las instituciones causado por la anterior administración da cuenta la Secretaría de Seguridad Pública en cifras: para atender a más de dos millones de morelenses, y un millón de visitantes más en temporada de vacaciones, la SSPPC solo dispone de mil 500 elementos, de los cuales apenas mil 150 están en activo con arma de cargo.
El panorama en los municipios no es más alentador: en los ayuntamientos solo se dispone de dos mil 670 elementos con arma de cargo, y que durante la administración estatal anterior figuraron entre los peor pagados del país.
Más aún: siete municipios carecen de cuerpos policíacos, porque sus alcaldes decidieron modificar esas plazas por otras administrativas, acaso para favorecer a sus incondicionales, ante los ojos, la complacencia y hasta complicidad -por su omisión- del gobierno estatal anterior.
El pretexto de la administración de Blanco Bravo y de Ortiz Guarneros para no dar resultados es que faltaban recursos económicos. Hoy se sabe, debido a las auditorías derivadas del proceso de entrega-recepción, que si faltaron recursos fue por los millonarios desvíos del anterior gobierno no solo en materia de seguridad, sino prácticamente en toda la administración pública estatal.
Otro daño estructural: el C-5 en el abandono y olvido, desfasado, obsoleto, incapaz frente al reto de contribuir con tecnología a las tareas de inteligencia e investigación, que tampoco le interesaron a la anterior administración y que ahora requerirá de al menos seis o siete meses para su rescate y actualización para el nuevo proyecto integral de seguridad, así como la coordinación de los tres órdenes de gobierno y las fiscalías.
Blanco Bravo y Ortiz Guarneros deben rendir cuentas por los daños estructurales en materia de seguridad, por las muertes que con ello se suscitaron… Pero también por los desfalcos al erario público que causó un desgobierno con oscuras ambiciones, intereses y complicidades que igualmente deben ser investigadas.
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