La administración de Donald Trump ha intensificado su política migratoria al expandir su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados, y ahora ha dirigido su atención hacia los abogados de migración. Este nuevo ataque incluye la cancelación de contratos con diversas organizaciones que proporcionaban asesoría legal a los menores no acompañados en Estados Unidos. Este movimiento afecta a aproximadamente 26,000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años, dejándolos en una situación jurídica incierta.
Los abogados que han estado representando a estos menores también han recibido amenazas legales por parte del Gobierno de Trump, advirtiéndoles que enfrentarán sanciones si continúan litigando a favor de estos migrantes. Cristel Martínez, una abogada hondureña que lleva casos de migración desde 2018, expresa su incredulidad ante estas nuevas medidas, señalando que hasta ahora no se había llegado a un punto tan extremo, ya que la administración había atacado a los inmigrantes, pero no a quienes los apoyan legalmente.
Las consecuencias de esta cancelación de contratos son graves, pues impide que los menores, muchos de los cuales no hablan inglés o carecen de conocimientos jurídicos, puedan tener un debido proceso. Martínez y su equipo representan los casos de 325 menores, algunos de los cuales son bebés de 11 meses, que, evidentemente, no pueden defenderse solos. La gran mayoría de estos menores provienen de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente.
Contexto Legal y Tradición Anulada
La Ley de Protección a los Menores Migrantes No Acompañados, que fue promulgada en 2005 con el apoyo bipartidista del Congreso de EE.UU., había sido clave para garantizar que los menores migrantes recibieran protección y asesoría legal adecuada. Esta ley prohibía que los menores fueran detenidos en los mismos centros que los adultos o delincuentes juveniles y aseguraba que no fueran deportados a lugares donde sus vidas pudieran estar en peligro. Además, establecía que los menores debían contar con asesoría legal competente, que muchas veces era proporcionada por organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, la reciente cancelación de contratos con estas organizaciones rompe con más de 20 años de tradición. Ahora, los abogados no solo se han quedado sin recursos para continuar con los casos, sino que enfrentan incertidumbre sobre cómo proceder y si los tribunales de migración aceptarán sus representaciones si ya no cuentan con financiamiento. Martínez menciona que los intérpretes también podrían desaparecer, lo cual es crítico, ya que la mayoría de los menores no habla inglés.
Ataques a los Abogados y las Organizaciones
Además de la cancelación de contratos, la Casa Blanca emitió un memorando acusando a los abogados y las organizaciones sin fines de lucro que defienden a los migrantes de comportamientos "sin escrúpulos". El documento afirma que algunos de estos abogados asesoran a sus clientes para mentir o ocultar información durante los procesos de asilo, acusaciones que la comunidad legal considera infundadas. El memorando también califica de "frívolo" y "poco razonable" el trabajo de los abogados de inmigración.
Trump instruyó a su fiscal general, Pam Bondi, para que revise la conducta de todos los despachos legales que hayan litigado contra el Gobierno, y si se prueba alguna mala conducta, se les castigará. Esto incluye la pérdida de contratos y accesos de seguridad. También se mencionan otras posibles sanciones.
Resistencia y Acción Legal
Frente a estas amenazas, los abogados y las organizaciones de defensa están organizando una respuesta legal. Lindsay Toczylowski, presidenta del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes, subraya que estas amenazas buscan intimidar a los abogados para que no representen a los más vulnerables, pero confía en que esta estrategia no tendrá éxito, ya que las comunidades y los clientes de los abogados los respaldan en esta lucha. Toczylowski también adelantó que están trabajando en una demanda para desafiar lo que consideran un ataque sin precedentes desde el poder.
Este movimiento de la Administración Trump refleja la creciente criminalización de la inmigración y la vulnerabilidad de los menores migrantes, así como la creciente presión sobre los profesionales que luchan por protegerlos en el sistema judicial. La respuesta legal que está en camino podría convertirse en un punto de inflexión importante en la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
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