Tras decreto de Milei contra burócratas, 7 mil servidores públicos planean movilización
Sindicatos y organizaciones sociales marcharán hoy por las principales calles de Buenos Aires en protesta por el decreto firmado ayer por el presidente Javier Milei que anula los contratos de unos 7 mil burócratas contratados en 2023.
Incluso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que con esta nueva medida toma fuerza la necesidad de avanzar “hacia el primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.
Ayer, Milei firmó un decreto mediante el cual el gobierno federal “dejará caer” los contratos de burócratas que vencen el 31 de diciembre, como lo había anunciado recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo.
La ordenanza impide la renovación de los contratos de los trabajadores públicos empleados hace menos de un año en la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal.
Ni la Casa Rosada ni los gremios estatales precisaron cuántos contratos caerán. Sin embargo, Clarín pudo saber de fuentes oficiales que hasta noviembre pasado se contaban 7 mil empleados sin antigüedad previa. A estos pueden sumarse al recorte de los contratados por locación de servicio, que también caducan antes de fin de año.
Por ahora es una incógnita qué sucederá con los más de 45 mil empleados del Estado, que trabajan desde hace más de 12 meses en la administración pública nacional. En principio se prevé renovarles el contrato por 90 días, mientras el gobierno avanza con una auditoría y define si son puestos que se mantendrán en el nuevo organigrama.
Funcionarios de la administración de Milei aseguraron que en el decreto quedan exceptuados los trabajadores contratados en el último año que completan por ley el cupo para personas transgénero y con discapacidad.
También destacaron que no serán afectados los empleados con varios años de antigüedad y que se incorporaron a la planta permanente durante este 2023, como parte del proceso de normalización que impulsó la administración de Alberto Fernández desde los primeros de su gestión.
El ranking de organismos con mayor cantidad de pases a planta permanente por concurso lo encabezó la Dirección del Registro Nacional de las Personas, con 680 cargos aprobados. Le sigue la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, con 551, y después el Ministerio de Desarrollo Social, con 479.
Los funcionarios explicaron que puede haber más excepciones si los responsables de cada área requieren que los contratados después del 1 de enero de 2023 permanezcan en sus puestos. Para ello deberán justificar cada caso ante la jefatura de Gabinete y no podrán prorrogar contratos sin consultar.
Además, se informó que se han multiplicado los casos en el gobierno de servidores públicos de la anterior administración que permanecen en sus cargos, porque en el Ejecutivo no encuentran sustitutos.
Listos para protestar
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confió en que se eleven las excepciones, mientras que otros líderes gremiales admitieron que el recorte de Milei era más previsible que el que realizó el ex presidente Mauricio Macri, quien despidió a 11 mil burócratas durante los primeros cinco meses de su gestión en 2015.
Por lo pronto, luego de la firma del decreto de ayer, sindicatos y organizaciones sociales se dijeron listos para salir a protestar hoy en Buenos Aires.
La Confederación General del Trabajo, de inspiración peronista, adelantó que exigirá la derogación del llamado Decreto de Necesidad Urgente (DNU), que contempla 300 medidas con las que el Milei pretende reformar las bases de la economía del país y el cual será sometido a votación en el Congreso de la Nación.
A la movilización del principal sindicato del país se unirán las organizaciones sociales que la semana pasada protagonizaron la primera protesta contra las políticas liberalizadoras del nuevo Ejecutivo.
Este miércoles “todas las organizaciones que hemos participado de la marcha del 20 de diciembre y que fuimos pioneras en enfrentar el protocolo represivo de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y el plan de ajuste de Milei, vamos a estar en la concentración convocada por las CGT en tribunales”, anunció el diputado Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero-Frente de Izquierda.
Además del desafío de conseguir los votos necesarios en el Parlamento, Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales contra el DNU.
La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que lo anunciara. Fue entonces cuando varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas medidas.
Con información de Milenio.
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