La jueza Laura Galván Salgado otorgó la guardia y custodia de las menores Maya y Gal de 15 y 13 años a su padre Guy Dorel de origen israelí.
A pesar de que ambas niñas querían quedarse con su madre y manifestaron no querer estar con él, este se las llevó por la fuerza, escoltadas al aeropuerto de la Ciudad de México.
En la audiencia, las menores expresaron con lágrimas su descontento y enojo de irse con su padre a Israel ya que acusan que es violento y su madrastra las maltrata y quieren quedarse con su madre, con su familia mexicana y en su escuela.
Lo anterior, después de que la juez Laura Galván falló a favor del padre de origen israelí en la audiencia celebrada en el juzgado tercero de lo civil de primera instancia, incluso cuando ninguna de las dos fue entrevistada por el perito Cristóbal Mariaca, revelaron sus familiares.
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Carolina Inés Medina, madre de las menores, narró que el pleito inició desde hace dos años, cuando ella decidió regresar a México, tras separarse de su marido de profesión dentista.
Posteriormente, cuando ella llevaba una semana en tierras mexicanas, recibió un resultado positivo a cáncer de mama etapa cuatro por lo que reiteró su estancia en el país
“Estoy bien, eso (el cáncer) ya salió, esa fue la razón por la que decidí quedarme en México, para recibir tratamiento”, expresó.
Entonces, determinó quedarse con su familia y sugirió a sus hijos, que tomaran una decisión si quedarse en México o regresar con su progenitor a Israel. El único que quiso viajar de vuelta fue su hermano mayor, mientras que las menores decidieron quedarse con ella.
“Mi hijo quiso regresar, a los tres días lo llevamos al aeropuerto y regresó con su papá, las niñas quisieron quedarse conmigo y su papá nunca lo supo respetar; ha comprado a cuánto juez ha podido y ha querido, nos ha hecho la vida miserable: redadas de la Interpol, policías judiciales a perseguirnos, ha sido una pesadilla, hoy lo logró, volvió a comprar a la juez y perito y lleva a las niñas al aeropuerto de la Ciudad de México contra su voluntad”, expresó Carolina.
La asesora jurídica, Mónica Torres Paredes, y familiares de las menores comentaron que Guy Dorel manifestó durante la audiencia, que “el caso ya le había costado 3 millones de pesos”, por lo que no descartaron que las primeras jueces que llevaron el caso, como esta última, Laura Galván y el perito Cristóbal Mariaca, “se hayan vendido”.
De hecho, informó que en Israel, Carolina ya contaba con un fallo de un juez a favor de ella, pero el padre de las menores la acusó de secuestro de sus propias hijas y denunció ante la Interpol.
Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Morelos, Rubén Jasso Díaz, expresó que se trata de un asunto internacional, en el que ellos prácticamente, dijo, no podían hacer mucho, aún y cuando la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema DIF-Morelos, a cargo de Eder Rafael Cuevas solicitó privilegiar el interés superior de las niñas.
Jasso Díaz comentó que “la voluntad de las menores”, se estableció en el expediente 001/2020. Fue de ahí, donde la juez Laura Galván resolvió, aún y cuando las menores alzaron la voz en plena audiencia de no querer viajar con su padre.
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Al preguntarle sobre las acusaciones de corrupción por parte de la juez y el perito, el magistrado presidente insistió en que se trata de un asunto de carácter internacional y hay que tener presente que él ganó un juicio en Israel, pero la madre insiste en que es al revés.
Agregó que instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Israel en México están atentos al caso desde que se comenzó el pleito, empero aseguró que el Tribunal ha buscado la conciliación, pero no se llegó a un arreglo y abundó que Israel solicitó la restitución de las adolescentes.
Sin embargo, no descartó que se vigile y supervise el actuar de los jueces que han llevado el caso por parte de la Junta de Administración.
Nicolás Celis, tío de las menores denunció en redes sociales el hecho. Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard escribió que ya ha boletinado al AICM, para “no permitir el abuso, es la instrucción que tenemos”.
Alrededor de 18 madres afectadas por presuntos actos de corrupción por parte de jueces morelenses, exigieron que se tipifique como delito la violencia vicaria aquella en donde el juzgador y peritos otorgan la guardia y custodia de los hijos a padres con denuncias de agresión, violencia familiar e incluso abuso sexual.
*Con información de El Financiero
*MG