La justicia es un concepto que debería ser universal, pero en México, la realidad es muy diferente. La brutalidad policial y la impunidad son problemas graves que afectan no solo a los ciudadanos, sino también a la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población. La falta de consecuencias para las fuerzas del orden que cometen abusos muestra un sistema que necesita cambios urgentes.
Las cifras sobre la brutalidad policial en México son alarmantes. Entre 2015 y 2020, se denunciaron más de 33,000 delitos relacionados con abusos de la policía, y solo un pequeño porcentaje fue procesado. Esto significa que la gran mayoría de los casos queda sin justicia. La impunidad, con un índice de 99.5% para estos delitos, crea un ambiente de miedo y desconfianza en la población. Este fenómeno no solo afecta a las víctimas directas, sino también a la sociedad en general, que pierde la fe en un sistema que debería garantizar su seguridad.
En otras ocasiones en este mismo espacio hemos manifestado que es necesario mejorar las condiciones laborales y en general de vida de quienes desempeñan la grandiosa función de la seguridad de todas y todos, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad ilustrada en estas líneas.
La investigación realizada por la Organización Nacional Mexicanos contra Corrupción y la impunidad revela un panorama desolador. Con más de 54,000 quejas documentadas contra fuerzas de seguridad, queda claro que la brutalidad no es un caso aislado. Las historias de abuso cuentan con un denominador común: la falta de sanción. El silencio y la impunidad se convierten en cómplices de la violencia. Esta situación se agrava aún más en estados como Morelos, donde las promesas de justicia a menudo se quedan en palabras vacías. Los periodistas, quienes deberían ser los vigilantes de la democracia, se ven igualmente amenazados y desprotegidos.
El caso específico de la mujer policía de Tlaltizapan, que agredió a una periodista, ilustra que el abuso puede venir de quienes se supone que deben proteger. Este tipo de incidentes no solo son inaceptables, sino que también subrayan la necesidad de un cambio en la cultura de las fuerzas del orden. Si no se actúa, la violencia seguirá perpetuándose, y la confianza en las instituciones continuará erosionándose.
La situación actual exige una respuesta colectiva. La sociedad debe exigir una rendición de cuentas real. Sin un sistema que sancione a aquellos que abusan de su poder, no puede haber una verdadera democracia ni una paz duradera. Se necesita una reforma profunda en las fuerzas de seguridad, así como una protección efectiva para los periodistas que arriesgan su vida para informar. La lucha por la justicia no es solo una responsabilidad de las autoridades, sino de todos los ciudadanos que desean un futuro en el que la ley se aplique por igual a todos.
En conclusión, la brutalidad policial y la impunidad son problemas que afectan a la sociedad mexicana de manera profunda. Las cifras alarmantes sobre abusos y quejas reflejan la necesidad de una transformación en las instituciones encargadas de la seguridad. La justicia debe ser una realidad para todos, y solo a través de la acción colectiva se podrá lograr un cambio significativo. La protección de los derechos humanos y la libertad de prensa son fundamentales para construir un país más justo y seguro.