La Fiscalía General de Justicia llevó a proceso a Julio Salvador F., acusado de intento de homicidio en agravio de tres integrantes de la Guardia Nacional. Sin embargo, no presentó pruebas contundentes e incluso uno de sus peritos ni siquiera dio con el lugar de los hechos, por lo que no realizó la investigación.
Debido a esto, el Juez Especializado de Control, Natanael Subdías Aguilar, dictó el acto de no vinculación a proceso de Julio Salvador F., debido a las inconsistencias en la carpeta de investigación y la falta de pruebas de la Fiscalía General.
Esencialmente, la Fiscalía falló porque no fue capaz de acreditar elementos que demuestren la intención de privar de la vida a los tres elementos de la Guardia Nacional, los actos de ejecución y qué fue lo que impidió que se consumara el crimen.
Trascendió que la Fiscalía presentó como evidencia casquillos de bala encontrados en un predio, cuando el informe policial homologado y las declaraciones de los agentes de la Guardia Nacional señalan que el enfrentamiento ocurrió en el exterior. De igual forma, tampoco obtuvo pruebas periciales que corroboraran la versión de los agentes, como la de Walker para identificar elementos nitrados en la ropa del imputado, o la de rodizonato para determinar si había disparado un arma de fuego.
Y acaso lo más vergonzante: el perito de criminalística de campo no pudo realizar su trabajo debido a la falta de información precisa sobre la ubicación del lugar de los hechos, lo que impidió la búsqueda de indicios, como proyectiles impactados en vehículos o paredes. No menos bochornoso resulta el hecho de que la Fiscalía presentó una narrativa contradictoria al formular la imputación, pues afirmaba que los agentes habían descendido de los vehículos en dos ocasiones, sin que el informe policial homologado lo corroborara.
La defensa del inculpado argumentó la falta de pruebas para acreditar la intención de privar de la vida a los elementos de la GN, la realización de los actos de ejecución y la causa externa que impidió la consumación del delito, lo cual pesó más para el juez que la imputación de la Fiscalía. La falta de pruebas contundentes y las inconsistencias en la narrativa de la Fiscalía impidieron que se acreditara la probable participación del imputado en el delito.
Hay aspectos preocupantes en este caso, porque en primera instancia, la no vinculación a proceso no implica la inocencia del imputado, sino que la Fiscalía no logró reunir las pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Si no consiguió pruebas, por qué no las hay, podría estar fabricando un delincuente.
No obstante, también queda de manifiesto lo que ha señalado la Asociación de Agentes del Ministerio Público: es tanta la carga de trabajo, que los responsables de los procesos tienen a su cargo hasta en cinco expedientes al mismo tiempo. El hecho, lamentablemente, es que la Fiscalía General de Justicia no está dando resultados.
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