El 28 de noviembre pasado, el senado aprobó la llamada “simplificación administrativa” que extingue en la constitución diversos órganos autónomos entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México. Aún se encuentra en trámite la ratificación en los Congresos de los Estados y su respectiva publicación en el diario oficial de la federación, pero seguramente será aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados, siendo entonces un simple trámite como en reformas constitucionales anteriores.
Recordemos que el INAI fue creado para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos, atendiendo a una necesidad de la falta de transparencia de los órganos del Estado, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. Desde su creación, logró avances significativos, como la implementación de la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que fortalecieron la transparencia y la protección de datos en México, en pocas palabras es el derecho que usted tiene para saber de todas las autoridades en este país en que se gastan sus impuestos.
En ese sentido, se reformaron los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la constitución, por lo que la desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno representan un cambio significativo en el panorama de la transparencia y la protección de datos en México, ¿es un retroceso en sus derechos humanos?, le explico.
El derecho a la información pública en nuestro país es un derecho humano reconocido internacionalmente, particularmente en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que incluye disposiciones importantes sobre el derecho de acceso a la información y las instituciones que debe tener el estado mexicano en el capítulo sobre comercio digital que promueve la transparencia y el acceso a la información pública en el comercio digital, asegurando que las empresas y los consumidores tengan acceso a datos precisos y relevantes; en el capítulo sobre buenas prácticas regulatorias que establece que las autoridades deben proporcionar información clara y accesible sobre las normativas y regulaciones que afectan al comercio y la inversión; en el capítulo sobre anticorrupción que fortalece los compromisos de las partes para cooperar en la lucha contra la corrupción, incluyendo la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información relevante; en el capítulo sobre protección de datos que las partes deben proteger los datos personales y garantizar que las instituciones estatales cuenten con mecanismos adecuados para la protección de la información. ¿Le pregunto, la extinción del INAI viola dicho tratado?, es una pregunta que será resulta por nuestros socios comerciales en la renegociación del tratado.
Por tanto, el acceso a la información garantiza que todas las personas puedan buscar, recibir y difundir información pública que es valiosa. Lo que permite inclusive que las comunidades y grupos vulnerables accedan a información crucial sobre servicios públicos, programas de asistencia y derechos, promoviendo la justicia social y la equidad. De forma fundamental, es una herramienta de combate y prevención de la corrupción, simplemente al hacer que la información pública sea accesible, se reduce la opacidad que puede facilitar la corrupción. Por otro lado, genera eficiencia administrativa, la transparencia en la gestión pública contribuye a una administración más eficiente y efectiva, mejorando la calidad de los servicios públicos. Por todo lo anterior genera bienestar social, pues la información pública sobre salud, educación, medio ambiente y otros aspectos críticos permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas que mejoran su bienestar y calidad de vida.
En ese sentido, es fundamental para todo estado democrático pues genera: 1. transparencia: permite a los ciudadanos acceder a información sobre las acciones y decisiones del gobierno. Esto promueve una administración pública más transparente y reduce las oportunidades de corrupción. 2. rendición de cuentas: obliga a los funcionarios y autoridades a explicar y justificar sus acciones y decisiones. Los ciudadanos pueden evaluar el desempeño gubernamental y exigir respuestas, siendo una gran herramienta para los periodistas en este país. 2. participación informada: los ciudadanos informados pueden participar de manera más efectiva en el proceso democrático, tomando decisiones fundamentadas en elecciones y referendos. Es decir, votar por los servidores públicos que hayan tenido mejor desempeño y viceversa. 3. control social: facilita el control social sobre la gestión pública, permitiendo que los ciudadanos supervisen y cuestionen las políticas y programas gubernamentales.
Por ello, la reciente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México ha generado una serie de preocupaciones y debates sobre las implicaciones legales que ya no tenga el estado mexicano un organismo técnico “separado” de los poderes tradicionales que le garantice a usted y a las empresas de nuestros socios comerciales los derechos antes explicados.
Un aspecto importante con dicha extinción es la seguridad de la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Esta plataforma, que alberga más de 14 mil millones de archivos relacionados con temas como salarios de funcionarios públicos, derechos humanos, uso de recursos públicos, medio ambiente, salud y vivienda, se ha convertido en un tema de máximo interés público. Por ello, dentro de las más importantes consecuencias legales son las siguientes: 1. acceso a la Información: la desaparición del INAI plantea dudas sobre cómo se garantizará el acceso a la información pública. Hasta ahora, el INAI actuaba como un puente entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales, asegurando que las solicitudes de transparencia fueran atendidas adecuadamente. Sin este organismo, se teme que el proceso se vuelva más burocrático y menos eficiente pues es el mismo poder ejecutivo es el que le deberá garantizar el acceso a los derechos antes explicados, le pregunto, ¿cree usted que lo cumplirá cuando inclusive se trate de ese mismo poder?, ¿no cree que se convertirá en juez y parte?. 2. protección de datos: la PNT contiene una vasta cantidad de datos personales y públicos que deben ser protegidos adecuadamente. Entonces, la desaparición del INAI ha generado preocupaciones sobre la seguridad de estos datos y la posibilidad de ciberataques en el que inclusive información suya esté en juego; 3. derechos ARCO: los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) son fundamentales para que las personas puedan controlar el uso de sus datos personales. Con la desaparición del INAI, los ciudadanos pueden ejercer estos derechos en la PNT, pero la falta de claridad en las leyes secundarias puede dificultar este proceso. 4. transparencia y rendición de cuentas: la desaparición del INAI también plantea preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales. Sin un organismo independiente que supervise y resuelva las quejas de los ciudadanos, existe el riesgo de que la corrupción y la falta de transparencia aumenten. La desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno representan un cambio significativo en el panorama de la transparencia y la protección de datos en México.
En resumen, el derecho a la información pública en México es un pilar esencial para la democracia, la transparencia, la justicia social y el bienestar de la ciudadanía. Es una herramienta poderosa para promover la responsabilidad gubernamental y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Usted tiene la mejor opinión.