El derecho humano al agua en tiempos de crisis hídrica requiere de organización social autónoma y fortalecer la investigación científica a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y no desaparecerlo como pretenden los promotores de la privatización del vital líquido.
El Sindicato de Trabajadores del IMTA está dando la lucha por preservar su labor como organismo público descentralizado y no desaparecer en la maraña burocrática de otras instituciones. Por ello, está solicitando audiencias con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado de la República para que escuchen los argumentos de la importancia de sus investigaciones. Desde las organizaciones sociales y sindicales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores apoyamos al SITIMTA en ésta lucha.
Estamos convencidos que, para el desarrollo sostenible de nuestro país, es fundamental la educación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para hacer frente a la problemática de interés nacional y, en estos momentos, es con la participación de la sociedad la definición de las políticas públicas para que de manera eficaz y eficiente se inviertan los recursos económicos y humanos de las instituciones.
En esta perspectiva, fue causa de extrañeza que ante la crisis hídrica en México y en el mundo, López Obrador, al final de su sexenio, haya emitido una iniciativa en la que se pretende extinguir al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), ya que en abril del 2023 se pretendía incorporarlo a la Conagua y luego en febrero de 2024, a la Semarnat.
Las premisas de duplicidad de funciones y el ahorro económico son inviables para el caso del IMTA, al contrario, causarán un grave daño a la nación por la pérdida de los 38 años de conocimiento y tecnología generados por el Instituto, se generarán gastos extras al erario federal, ya que el IMTA genera ingresos propios que incluso le permitieron tener un fideicomiso alineado a la Ley de Ciencia y Tecnología con un monto de autogenerados de hasta 300 millones de pesos, recursos que le permitían solventar el pago de servicios, modernizar los equipos de computo, proporcionar el mantenimiento de las instalaciones, becas a los estudiantes, desarrollo de proyectos internos para la generación de conocimiento de frontera e incluso el pago del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros rubros.
Por lo anterior se solicita a la presidenta Claudia Sheinbaum: "Recibir a un grupo de Secretarios Generales, en especial al Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), Mtro. Jorge Humberto Salgado Rabadán, para escuchar los argumentos de inviabilidad de extinción e incorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Semarnat. Esperamos que usted al ser investigadora, tendrá la sensibilidad de escuchar a sus homólogos del IMTA, quienes desde el 2021 han solicitado a distintas instancias de manera respetuosa ser atendidos."
También desde los pueblos indígenas y organizaciones sociales se está avanzando en la construcción de estrategias para evitar las guerras por el agua en un futuro inmediato.
Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Nacional Agua Para Todos Agua Para la Vida e instituciones académicas, presentaron al Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Ciudadana del Agua, el cual está integrado hasta el momento por 19 contralorías autónomas y grupos promotores en 15 estados del país, que pretende ser un contrapeso a la corrupción e intereses privados sobre las instituciones a cargo del agua.
Las diversas contralorías y grupos promotores que buscan formalizar la contraloría nacional autónoma están integradas por comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales y ambientales, investigadores e ingenieros que buscan lograr el buen gobierno del agua, señalaron en un comunicado.
La contraloría tendrá las funciones de presentar propuestas de leyes, proyectos y políticas públicas técnicamente fundadas y socialmente avaladas, garantizar la participación pública en las decisiones de gobierno sobre el agua, documentar y denunciar violaciones a las leyes hídricas y ambientales, así como evaluar el desempeño de los funcionarios responsables del agua y el medio ambiente.
Además, la contraloría buscará la aprobación de la Ley General de Aguas “centrada en la sustentabilidad, la equidad, la participación y los derechos humanos”, formulada desde hace 12 años y respaldada por 200 mil firmas, para remplazar a la actual Ley de Aguas Nacionales que ha permitido la sobreexplotación, la contaminación y el acaparamiento del agua, expresaron en el comunicado.
La contraloría también trabajará por lograr el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, los núcleos agrarios y los sistemas comunitarios; poner fin a la contaminación, con atención especial a zonas kársticas y las regiones de emergencia sanitaria y ambiental; eliminar las fugas de agua en las ciudades, y cambiar el modelo de gestión para que se base en la regeneración de aguas pluviales y tratadas, en vez de la sobreexplotación y los trasvases.
Buscará poner fin al sobre concesionamiento de los ríos y acuíferos, así como a la compra-venta de concesiones y las extracciones ilícitas. Impulsará la gestión integral de cuencas, acuíferos, bosques y ecosistemas fuentes de agua. Trabajará para garantizar el uso eficiente de agua para la soberanía alimentaria; así como para garantizar el derecho a la consulta para las decisiones que afecten los derechos al agua.
Otros de sus objetivos serán la desprivatización del agua, así como el acceso universal a los servicios y saneamiento de agua. Buscará prohibir la minería tóxica, el fracking y otros megaproyectos. Además trabajará por garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las personas defensoras del agua, la tierra y la vida.
Construir una perspectiva ecosocialista requiere fortalecer las luchas inmediatas mediante la solidaridad conciente de la gravedad del ecocidio.