En un anuncio contundente, el secretario de Infraestructura de Morelos, Adolfo Barragán Cena, arrojó luz sobre una realidad alarmante: más de 400 expedientes de obras inconclusas, muchas de ellas en escuelas, que son legado de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Esta situación no solo refleja un fracaso en la gestión pública, sino que también pone en evidencia un desdén por el bienestar de las comunidades y, sobre todo, de los más vulnerables.
La cuestión no es solo una cuestión de números, sino de vidas afectadas. Cada expediente representa una oportunidad perdida, una escuela que no se construyó o que se quedó a medio hacer. En un estado donde la educación es la base del futuro, dejar obras esenciales sin concluir es una falta de respeto hacia las generaciones venideras. Los estudiantes merecen espacios dignos y seguros para aprender, y el hecho de que su infraestructura esté en el limbo es inaceptable.
Además, la denuncia de Barragán sobre la baja calidad de las obras terminadas durante la gestión de Blanco es un eco de la desconfianza que muchos morelenses sienten hacia el gobierno. ¿Cómo es posible que se hayan destinado recursos públicos a proyectos que no solo quedaron incompletos, sino que, en los casos que se finalizaron, no cumplen con los estándares mínimos de calidad? Este es un claro indicativo de la falta de planificación, supervisión y, sobre todo, de compromiso por parte de las autoridades.
Es evidente que la administración de Cuauhtémoc Blanco se ha caracterizado por una gestión deficiente en materia de infraestructura. Seis años de gobierno que, lamentablemente, se han traducido en un retroceso en el desarrollo de Morelos. La obra pública es un reflejo de la visión que un gobierno tiene para su estado; y lo que hemos visto es un desinterés alarmante por construir un futuro sólido y sostenible.
La revisión de estos expedientes es un paso necesario, pero no suficiente. Es imperativo que el actual gobierno no solo se limite a revisar, sino que también establezca un plan de acción claro y transparente para concluir estas obras y garantizar que se realicen con los estándares de calidad que la ciudadanía merece. La rendición de cuentas y la transparencia deben ser pilares fundamentales en esta nueva etapa.
El legado de Blanco no debe ser una excusa para perpetuar la ineficiencia. Los ciudadanos de Morelos exigen y merecen una infraestructura que funcione, que sea segura y que responda a sus necesidades. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y trabaje de forma efectiva para revertir los daños causados. La historia no se puede borrar, pero sí se puede escribir un nuevo capítulo, uno donde la infraestructura sea un símbolo de progreso, no de abandono.
Es hora de que los morelenses levanten la voz y exijan un cambio real. La infraestructura, especialmente en educación, debe ser una prioridad y no un tema relegado a la burocracia o a la indiferencia. La comunidad está esperando, y es hora de que el gobierno responda.