TODO ESTÁ CLARO. El proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Morelos se ha convertido en un campo de batalla donde la legalidad y la voluntad de las bases parecen estar en conflicto. La disputa por la dirigencia estatal, centrada en los nombres de Carmelo Enriquez y Raúl Tadeo Nava, refleja no solo la dinámica interna del partido, sino también la necesidad de responder a las expectativas de una militancia que ha sido ignorada en diversas ocasiones. La situación se complica aún más con la figura de Ulises Bravo, quien, a pesar de haber sido impuesto como delegado nacional en funciones de dirigente, enfrenta un rechazo contundente por parte de las bases. Su pretensión de continuar en el liderazgo es insostenible no solo por la falta de apoyo, sino también por una clara violación de los estatutos del partido. Según las normas internas de MORENA, nadie que haya sido candidato por otro partido en la elección pasada debería tener la oportunidad de aspirar a un cargo de liderazgo, lo que hace que su presencia en este proceso sea cuestionable desde el principio. La imposición de Ulises Bravo como delegado, por lo tanto, no solo es un acto que traiciona los principios fundacionales de MORENA, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad de un proceso que debería ser democrático y transparente. Esta situación revela una preocupación más amplia sobre cómo se están manejando las decisiones dentro del partido y cómo estas decisiones impactan la confianza de las bases, que son el verdadero pilar de cualquier movimiento político. En este contexto, la competencia entre Carmelo Enriquez y Raúl Tadeo Nava se vuelve crucial. Ambos deben representar no solo un cambio en la dirigencia, sino también un compromiso renovado con los principios de democracia interna y participación de la militancia. Será vital que quien asuma la dirigencia tenga la capacidad de unir a las diferentes corrientes dentro del partido y de escuchar las voces que han clamado por un cambio real en la forma en que se toman las decisiones.
EN NOMBRE DE… En un contexto donde la desinformación y el engaño proliferan con facilidad, la alerta emitida por Monseñor Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca, es un recordatorio vital de la importancia de la vigilancia y la precaución. A través de sus redes sociales, el obispo ha advertido sobre la presencia de una persona originaria de Costa Rica que se hace pasar por obispo, médico y policía, buscando aprovecharse de la buena fe de la feligresía. Este tipo de engaños no solo pone en riesgo la seguridad de los individuos, sino que también socava la confianza en las instituciones religiosas y sociales. La advertencia de Monseñor Castro es especialmente relevante en un momento en que muchas personas buscan orientación y apoyo, particularmente en comunidades vulnerables. Los estafadores suelen aprovecharse de la fe y la necesidad de ayuda de las personas, utilizando títulos y credenciales falsas para ganarse su confianza. Este fenómeno no es nuevo, pero las redes sociales han facilitado la rápida difusión de información —y, desafortunadamente, de desinformación—, lo que hace aún más necesario que las autoridades religiosas y civiles mantengan a la comunidad informada y alerta. La recomendación del obispo de presentar una denuncia ante el Ministerio Público en caso de ser víctima de este tipo de fraudes es un paso importante. No solo permite que las autoridades tomen medidas para investigar y detener al estafador, sino que también envía un mensaje claro de que la comunidad no tolerará el abuso ni la explotación. Es fundamental que la feligresía se sienta empoderada para actuar y no se quede en el silencio ante situaciones de vulneración.
CORTESÍAS? La declaración del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respecto a la eventual exclusión de Rosario Piedra de la terna de finalistas para presidir nuevamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha desatado un torrente de opiniones y controversias. Calificando la posible omisión como una “descortesía y un maltrato”, Noroña lanza un guante al debate sobre la continuidad de Piedra en un puesto que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde su llegada al cargo. La postura del senador plantea una interrogante crucial: ¿debería la selección del nuevo titular de la CNDH basarse en la cortesía personal hacia una figura, o debería estar anclada en la evaluación objetiva de su desempeño y la capacidad para enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos? En un contexto donde la protección de los derechos fundamentales es más urgente que nunca, el proceso de selección debe priorizar la idoneidad y la eficacia, dejando de lado cualquier tipo de favoritismo o consideración personal. Rosario Piedra ha enfrentado críticas por su gestión al frente de la CNDH, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si su continuidad es la mejor opción para un organismo que necesita recuperar la confianza de la ciudadanía y ser un baluarte en la defensa de los derechos humanos. En este sentido, la inclusión de otros candidatos, como el ombudsperson morelense, Raúl Israel Hernández Cruz, con serias posibilidades de ocupar el cargo, introduce un elemento de competencia que podría enriquecer el debate y ofrecer alternativas viables a los ciudadanos. Deslindar el apoyo legítimo del favoritismo es esencial en este proceso. La CNDH debe ser liderada por alguien que no solo tenga la confianza del Senado y del Gobierno, sino también el respaldo y la legitimidad de la sociedad civil. La protección de los derechos humanos no es un juego de cortesías, sino una responsabilidad que exige compromiso, valentía y una clara visión de justicia.
RITUALES Y VIOLENCIA. La fiscal ambiental de Cuernavaca informó sobre la práctica de rituales que incluyen el sacrificio de animales en comunidades que se rigen por usos y costumbres es alarmante y preocupante. Estos actos de violencia, como la decapitación de gatos y gallinas en Ocotepec, no solo generan indignación entre quienes defienden los derechos de los animales, sino que también nos obligan a reflexionar sobre el estado de nuestra sociedad. La violencia que se manifiesta contra los animales es un síntoma de una cultura más amplia que, a menudo, normaliza la crueldad y la falta de respeto hacia la vida. Cuando se permite que estos actos sean parte de prácticas rituales o culturales, se corre el riesgo de desensibilizar a la población y perpetuar una mentalidad que desvaloriza la vida, ya sea la de un animal o la de un ser humano. La brutalidad hacia los animales, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino que es un reflejo de actitudes más profundas que pueden estar enraizadas en la desigualdad, la violencia y la falta de empatía. Es crucial que se aborde este tema desde una perspectiva integral, que no solo contemple la protección de los derechos de los animales, sino que también entienda el contexto social y cultural en el que se producen estas prácticas. La educación es clave: es necesario generar conciencia sobre la importancia de tratar a todos los seres vivos con respeto y dignidad. Esto implica un esfuerzo conjunto entre las autoridades, organizaciones civiles y la comunidad en general.