HASTA EL CUELLO. Ha trascendido la probable confirmación de la existencia de un fraude multimillonario y tráfico de influencias en la venta de terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Este escándalo involucra a un grupo de funcionarios de la administración del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, incluido el extitular del Filateq, así como a la hoy magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Mónica Boggio, a la diputada federal Sandra Anaya y al ex titular de desarrollo sustentable, José Luis Galindo, entre otros. La lista de implicados también incluye a autoridades municipales y notarios, lo que resalta la gravedad y la amplitud de este caso de corrupción. Tequesquitengo, conocido por su belleza natural y su potencial turístico, se ha visto envuelto en esta trama que no solo pone en entredicho la gestión de los recursos públicos, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. La venta de terrenos, que debió ser un proceso transparente y regulado, se ha convertido en un ejemplo de cómo la corrupción puede socavar el desarrollo económico y social de una región. Las implicaciones de este fraude son profundas.
TSJ ENFERMO. El ambiente en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos se torna cada vez más tenso, con un aumento evidente en las diferencias entre los magistrados y su presidente, Luis Jorge Gamboa Olea. Ayer, lo que debería haber sido una sesión del pleno se convirtió en un episodio de descontento e incertidumbre cuando los magistrados, al llegar, se encontraron con que la puerta del salón no les había sido abierta. Este hecho, que podría parecer trivial, es un claro reflejo de la crisis de comunicación y confianza que se vive en la máxima instancia judicial del estado. La situación se complicó aún más con el anuncio desde la oficina de Gamboa Olea, quien informó que se encontraba hospitalizado por una complicación médica, un comunicado que fue respaldado con comprobantes médicos. Sin embargo, este argumento no calmó la frustración de los magistrados, quienes expresaron su descontento ante lo que consideran una falta de respeto hacia su función y una mala gestión de la comunicación interna. La falta de apertura de la puerta para una sesión programada es, sin duda, un símbolo de las crecientes divisiones en el TSJ. Cuando las diferencias personales y profesionales se interponen en el funcionamiento de una institución tan crucial como la justicia, el impacto puede ser devastador. La percepción de que el presidente del TSJ no está cumpliendo con su deber de convocar y facilitar el trabajo del pleno crea un ambiente de desconfianza y descontento que no solo afecta a los magistrados, sino que también repercute en la administración de justicia en el estado.
CONTROVERSIAL. Durante el debate sobre la iniciativa de ‘supremacía constitucional’, el senador Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, ha hecho declaraciones que han generado una gran controversia. Afirmó que no es grave "violar suspensiones", una declaración que, en un contexto donde el respeto al Estado de Derecho es fundamental, resulta inquietante. Su comentario se produce en un momento en el que él mismo ha sido objeto de investigación por la justicia en su estado, lo que añade una capa de complejidad a sus palabras. Corral argumentó que es peor que "un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene". Aquí surge la pregunta: ¿está realmente minimizando la importancia de la justicia o, por el contrario, está denunciando un abuso de poder por parte de los jueces? Su declaración parece estar enmarcada en un contexto de crítica hacia el sistema judicial, pero el mensaje que se envía es confuso. Minimizar la gravedad de violar suspensiones es una falta de respeto hacia el marco legal que rige a todos los mexicanos. Las suspensiones son herramientas judiciales que protegen derechos fundamentales, y su violación puede tener consecuencias graves. Al desestimar su importancia, Corral podría estar enviando un mensaje peligroso: que las normas pueden ser ignoradas cuando conviene a intereses políticos o personales.
ULI SE VA! Finalmente, ha llegado el momento que muchos morenistas en Morelos estaban esperando. La Dirigencia Nacional de Morena ha lanzado la convocatoria para que los Consejos Estatales lleven a cabo sesiones extraordinarias y elijan a quienes ocuparán las carteras vacantes en los Comités Ejecutivos Estatales. En el caso específico de Morelos, esta sesión se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre, marcando un hito en la reestructuración de la vida interna del partido. Este proceso no solo representa una oportunidad para renovar las filas de Morena, sino que también simboliza un posible cierre para una etapa marcada por la controversia, en la que la figura del hermano incómodo, Ulises Bravo, ha sido protagonista. Su gestión ha sido objeto de críticas y ha complicado el camino para muchos en el partido, quienes han sentido que su liderazgo no se alineaba con los principios y valores que Morena busca representar. La convocatoria establece reglas claras para los aspirantes, lo que sugiere un intento de transparentar el proceso de selección y garantizar que quienes asuman estas posiciones lo hagan con un compromiso genuino hacia la militancia y los ideales del partido. Este es un paso necesario para recuperar la confianza de la base, que ha estado desilusionada por la falta de rumbo y dirección en los últimos tiempos.