El Instituto Nacional Electoral será el responsable de impedir que recursos del crimen organizado financien las campañas de quienes busquen ser electos como juzgadores en el país, de acuerdo con una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviada al Senado como parte de la reglamentación de los cambios constitucionales al Poder Judicial.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que el INE contará con ayuda de instituciones como el SAT, los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal para verificar información fiscal y la evolución de la situación patrimonial de los candidatos, así como de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
También establece que los candidatos deberán pagar la campaña de su propio bolsillo, y podrán emplear redes sociales, pero sin pagar por ello.
Protegen del narco la elección de jueces
Con la ayuda de instituciones como el SAT, los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de impedir que el dinero del crimen organizado se utilice en las campañas para elegir a los juzgadores en el país, ordena la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Instituto podrá requerir a las personas candidatas la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos”, dice la reforma al artículo 526, lo que implica que la Contraloría del Consejo de la Judicatura federal entregue esa información.
Asimismo, podrá solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal”, lo que implica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que entregar al INE la información requerida.
O la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios”, que significa que las instituciones de la banca y otras del sistema financiero deberán colaborar con el INE.
Esta verificación procederá, dice la reforma, “cuando de su declaración patrimonial y de intereses o de la revisión de la información en materia de fiscalización que proporcione, se adviertan movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados”.
Añade que “en el cumplimiento de sus labores, el Consejo General (del INE) no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto será el conducto para superar la limitación referida, incluso en el caso que el Instituto delegue esta función”.
La reforma dispone que los juzgadores que participen en las campañas, que durarán 60 días, deberán pagar de su propio bolsillo su campaña; pueden usar las redes sociales, pero sin que ello implique el pago de dinero.
El INE vigilará que ni partidos políticos ni servidores públicos financien las campañas de los juzgadores.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables”, ordena.
Explica que “se entiende por propaganda al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difundan las personas candidatas durante el periodo de campaña con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada por la libertad de expresión”.
Dispone que el INE tendrá la obligación de “vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas; determinar los topes máximos de gastos personales de campaña aplicables para cada candidatura y establecer las reglas de fiscalización y formatos para comprobar dicha información.
Garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí o por interpósita persona espacios en radio y televisión, Internet o cualquier otro medio de comunicación para promocionar sus candidaturas; supervisar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamientos a favor o en contra de candidatura alguna; fiscalizar los ingresos y egresos de las personas candidatas”, entre otras obligaciones.
Advierte que “los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna.
Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”, dispone.
Las leyes secundarias fueron turnadas ayer a las comisiones del Senado.
No hay marcha atrás: Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República las iniciativas para modificar la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, y la Ley general del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para hacer viable la elección en el Poder Judicial el próximo 1 de junio.
Tras firmar las iniciativas de ley que fueron llevadas de inmediato al Senado, y la Presidenta insistió en que la reforma al Poder Judicial aprobada recientemente no tiene marcha atrás.
En la pantalla de apoyo, Sheinbaum pidió que se desplegara un mensaje difundido en la red social X, donde Diego Valadés, un férreo opositor a la reforma, quien reconoció que dicha reforma no es impugnable.
Lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo, ‘a ver, ya la Corte ya no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional’.
Entonces, sigue el proceso, el procedimiento, se presentan estas leyes, tienen que aprobarse pronto para que pueda emitirse la convocatoria por parte del Senado”, sentenció Sheinbaum.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que estas leyes secundarias planteadas por Sheinbaum permitirán iniciar el proceso de elección en el Poder Judicial, y una vez aprobadas permitirán que el Senado emita la convocatoria para el arranque del proceso, el 16 de octubre próximo.
Con información de Excélsior
*BC