No habrá aumento en las tarifas del servicio de transporte colectivo, ni ahora, tampoco en enero y mucho menos a lo largo del próximo año. Este es el resultado del encuentro entre organizaciones sociales y representantes del gobierno encabezado por Margarita González Saravia, quien respondió a la gente de manera positiva.
Al término de la reunión entre una comisión de representantes de organizaciones sociales con autoridades tanto del transporte como de la Secretaría de Gobierno, la comitiva salió de la Casa del Pueblo, el Palacio de Gobierno, a informar a las familias y usuarios de distintas colonias que hubo respuesta positiva al no incremento de tarifas del servicio de transporte.
Con respecto a las peticiones de que el estado tome a su cargo la prestación del servicio, la respuesta fue que, por su dimensión y costo, por ahora es imposible.
También se consiguió que, cuando eventualmente se negocien posibles aumentos con los concesionarios, los representantes de organizaciones sociales estarán presentes, afirmó Diego Torres, líder de Colonias Unidas.
Entre quienes encabezaron la marcha y el diálogo con las autoridades se encontraba Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa", quien explicaba a los usuarios la importancia de mantenerse unidos en causas como estas, que afectan la economía de la sociedad.
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Para otra de las integrantes de organizaciones sociales, Amelia Hernández, es imperativo que no se pierdan de vista los objetivos. Consideró que, de hecho, las tarifas ya se por sí son muy altas y deberían bajar. Lo que los colectiveros deben aumentar es la calidad del servicio.
Los líderes sociales, así como los usuarios del servicio de transporte colectivo reconocieron, primero, la disposición a negociar, porque durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo ni siquiera se dignó recibirlos.
Ahora, la política de puertas abiertas de las autoridades, pero su pronta, contundente y satisfactoria respuesta, hace un abismo de diferencia con anteriores gobiernos, por lo que externaron su disposición a colaborar con las autoridades estatales para atender y resolver otras demandas sociales.