Son un foco rojo los penales en Morelos, el cual la gobernadora Margarita González Saravia nos ha encomendado desactivar y empezaremos de inmediato, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Solórzano.
Desmintió que se hayan registrado disturbios en el penal de Atlacholoaya. Simplemente, comentó, hay equipamiento y cambio de personal en el área de cocina, porque se instruyó que se mejorara la alimentación. No obstante, reconoció que los cambios de proveedores han causado resistencias, pero la situación está bajo control.
Los traslados al nuevo penal serán paulatinos; ya se comenzó con las mujeres y habrá orden. Para evitar la saturación de penales, se analiza la implementación de brazaletes para los internos de bajo riesgo, a fin de que compurguen sus penas en otras condiciones.
“Deben ser de manera coordinada. Tenemos que revisar los expedientes de los privados de su libertad, y desde aquí les adelanto que la gobernadora ya nos instruyó para echar a andar un programa fundamental, como son los brazaletes penitenciarios, para que personas de bajo riesgo que tengan algún delito menor, puedan compurgar sus penas en sus domicilios”, destacó, para después afirmar que aún no se tiene un número de brazaletes, sino hasta revisar los expedientes.
Se le cuestionó en torno a si el penal de Atlacholoaya es un foco rojo: “Son focos rojos los penales, todos, y la gobernadora Margarita González Saravia me instruyó dignificarlos. Nos vamos a tardar, pero lo vamos a conseguir”, y a esto se avocará de inmediato, aseguró. Y en torno a los supuestos disturbios en el penal, afirmó que se está cambiando de proveedor de alimentos y se tienen que tomar las medidas de seguridad correspondientes.
El aumento salarial a los policías va a ayudar a su dignificación, para que incluso a través de la difusión de los nuevos y mejores salarios, se disponga de más elementos y custodios para los penales en los próximos meses, en el entendido de que hay pocos. El policía de más bajo nivel percibía eran diez mil pesos y ahora pasará a 15 mil. Los de segundo nivel de 11 mil a 18 mil pesos. “Si queremos resultados, tenemos que darles estos beneficios”, afirmó.
Con respecto al robo de armas de fuego, puntualizó que no se dio al interior de la CES, sino de los servicios periciales o en la Fiscalía. Enfatizó que se pondrán al día porque se estaba incumpliendo con un ordenamiento federal en armas, y lo primero es que la institución y los elementos tengan certeza jurídica para que las más de seis mil 500 armas estén en regla y dar de baja las obsoletas.
Si bien se seguirá con la renta de patrullas para la prestación del servicio de seguridad, en las próximas giras, la gobernadora entregará 36 nuevas unidades con sus seguros.
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