La llegada de Margarita González Saravia como la primera mujer gobernadora de Morelos marca un hito histórico en la política estatal, pero también presenta un desafío considerable que requiere atención inmediata: el sector del transporte. En los últimos años, este sector ha sido utilizado como un instrumento político, y su manejo ha estado marcado por la complicidad entre autoridades y transportistas, lo que ha generado un ambiente de anarquía y desregulación que afecta a la ciudadanía.
Durante al menos dos sexenios, los gobiernos han recurrido a las unidades de transporte y a sus operadores como herramientas para la movilización y participación en eventos políticos. Este uso del transporte público no solo ha socavado la confianza en las instituciones, sino que ha permitido que se toleren prácticas anómalas que comprometen la seguridad y el bienestar de los usuarios.
Uno de los aspectos más preocupantes es la desatención a la revista mecánica, un proceso esencial que garantiza la verificación de las condiciones físicas y operativas de las unidades de transporte público. Desde el sexenio anterior, esta revisión ha sido ignorada, lo que ha llevado a que muchas unidades circulen en condiciones deplorables, poniendo en riesgo a los pasajeros y a otros conductores en las vías. La falta de control y supervisión en este ámbito es un claro indicativo de la necesidad urgente de reestructurar el sistema de transporte en Morelos.
Otro tema crucial es el de las tarifas. En el caso de las rutas de microbuses, las tarifas son fijadas por el Congreso local; sin embargo, la última modificación se realizó en 2022, cuando el costo del pasaje pasó de 8 a 10 pesos. Este aumento, aunque necesario, no ha sido suficiente para abordar las crecientes necesidades de los usuarios ni para garantizar un servicio de calidad. En contraste, el sector de taxis ha permanecido en un limbo tarifario durante más de una década, donde los conductores establecen sus propias tarifas sin un marco regulatorio claro. Esta situación ha llevado al auge de los taxis por aplicación, que ofrecen una alternativa más transparente y confiable para los ciudadanos.
La anarquía en el transporte no es solo un problema de tarifas o condiciones mecánicas; es un síntoma de una complicidad insana entre las autoridades estatales y los transportistas, donde el clientelismo político ha prevalecido sobre la regulación y el servicio público. Esta relación ha permitido que los transportistas operen con impunidad, en detrimento de la calidad del servicio y de la seguridad de los usuarios.
La nueva administración de González Saravia tiene ante sí la oportunidad de romper este ciclo vicioso. Es imperativo que se restablezcan los mecanismos de supervisión y control, comenzando por la reactivación de la revista mecánica y la implementación de un sistema de tarifas claras y justas para todas las modalidades de transporte. Solo a través de un enfoque transparente y regulado se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de transporte público.
La gobernadora deberá enfrentar este reto con determinación, sabiendo que la forma en que se gestione el transporte en Morelos podría ser un reflejo de su administración. La implementación de políticas efectivas en este sector no solo mejorará la calidad de vida de los morelenses, sino que también sentará un precedente en la lucha contra la corrupción y el clientelismo que han plagado la política local. En este nuevo capítulo, el transporte debe dejar de ser un instrumento de manipulación y convertirse en un verdadero servicio público al servicio de la comunidad.