Nueva Ley de Armas permitirá a ejidatarios usarlas para defensa; CIDH se opone

Se puede trabajar mejor con la sociedad organizada y con labores de inteligencia

La recién aprobada reforma constitucional a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos por el Congreso de la Unión permitirá a ejidatarios y jornaleros armarse para su defensa. Sin embargo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos se opone, planteando que es preferible usar labores de inteligencia y que la sociedad esté organizada para combatir la inseguridad.

Y es que la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos aprobada por el Congreso federal les permite a los jornaleros y ejidatarios acreditar armas para su autoprotección ante las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La solución, sin embargo, no es armar a los campesinos ni a la sociedad, afirma José Martínez Cruz, titular de la Independiente de Derechos Humanos, sino fomentar la participación social organizada, sin generar más violencia y enfrentamientos.

La reforma tiene la finalidad de que la emisión de permisos y licencias de armas sea exclusivamente responsabilidad del presidente de la República y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y que “Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo pueden poseer en su domicilio y portar fuera de las zonas urbanas, con la sola manifestación, un rifle calibre .22" o una escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm (25") y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm)", se establece la reforma.

Esto abre la puerta para que los comuneros, ejidatarios y jornaleros constituyan grupos de autodefensa armados, en un tema tan polémico, particularmente en Morelos, donde las extorsiones contra el sector agrícola están fuera de control, con el asesinato incluso de un líder del transporte de caña del ingenio de Casasano, Darío García Cortés, cuyo crimen, como la mayoría de los ocurridos en la entidad, sigue impune.

Para el titular de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, efectivamente la sociedad debe participar, de manera organizada, de la mano de las autoridades, en las tareas de vigilancia, pero con la premisa de que no estén armados: “La gente, más que tener un arma, tiene que iniciar procesos de organización colectiva, procesos de autodefensa para que haya control de la sociedad sobre el uso de la fuerza”.

-Sin armas, naturalmente…

-Por supuesto. Nosotros lo que planteamos es que en muchas ocasiones no es necesario tener armas para poder garantizar la seguridad; lo que se requiere es labor de inteligencia para controlar esta situación.

No obstante, durante toda la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo no hubo labor de inteligencia, mucho menos los elementos de seguridad suficientes para hacer frente a la crisis de inseguridad y extorsiones, como tampoco una Fiscalía General en la que pudiera confiarse para denunciar y saber que se acudiría en auxilio de los productores del campo.

Ahora, sin embargo, la puerta está abierta para la creación de grupos de autodefensas armados que probablemente terminen enfrentando al crimen organizado, en una espiral de violencia interminable…

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