La Fiscalía Anticorrupción es señalada de omisión por no investigar irregularidades en el manejo de recursos en la Fiscalía General del Estado. Ha sido Carlos Alberto Flores García, la víctima, quien ha pedido al Juez de Control del Primer Distrito Judicial una audiencia de control y tutela de garantías para que la Anticorrupción explique su pasividad en este caso.
Aunque desde julio Carlos Alberto Flores presentó denuncia contra el Fiscal General Uriel Carmona Gándara y María Elena Jaimes Ronces, tesorera y encargada de despacho de la administración de esa institución, hasta ahora la Anticorrupción ha pecado, por lo menos, de omisa.
Como se recordará, Flores García denunció públicamente que la Fiscalía General había pretextado que carecía de recursos para pagar a los trabajadores jubilados y él se encargó primero de revisar que el Congreso autorizó una ampliación presupuestal que canalizó al gobierno estatal.
Puesto que en la Fiscalía General le insistían que no tenían recursos para pagarle, después se entrevistó con funcionarios de Hacienda del gobierno estatal, quienes le mostraron las fichas de depósito, afirmando que los recursos ya habían sido transferidos a la cuenta de la Fiscalía General del estado.
Cuando Carlos Alberto fue a cobrar confiado en que ya había recursos, le llovieron excusas, que van desde que no tenían información y que revisarían, hasta insistirle en la firma de un convenio para ir liquidando el adeudo en parcialidades, a lo que se negó, sabedor de que el monto total de su pago ya estaba en las arcas de la institución presidida por Carmona Gándara.
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Durante la rueda de prensa ofrecida hace unas semanas en el Memorial de personas desaparecidas, a las puertas de Palacio de Gobierno, afirmó que más de 40 personas más se encontraban en la misma situación que él, pues no los habían liquidado por su jubilación, pero dijo ignorar si los demás habían hecho una denuncia pública o legal.
En esa oportunidad, Flores García dijo que hacía la denuncia pública con miedo, puesto que estaba poniendo al descubierto solo una de las múltiples irregularidades en el manejo de recursos económicos en que ha recurrido la Fiscalía, pero que esperaba se hiciera justicia. De hecho, también ahondó en torno a que el personal administrativo carecía de los consumibles más indispensables para realizar sus actividades cotidianas.
Al Fiscal y a la responsable de los manejos financieros de la institución los ha acusado Carlos Alberto Flores de incumplimiento de funciones públicas, en denuncia presentada el 19 de julio pasado y hasta ahora no hay avances en la investigación que debía haber iniciado la Fiscalía Anticorrupción. El monto de la transferencia de recursos hecho a la Fiscalía General supera el millón 990 mil pesos, derivados de la ampliación presupuestal, recursos suficientes y ex profesor para su liquidación. Sin embargo, la institución quiso que firmara un convenio, regateándole lo que por ley le corresponde.