Desde la madrugada de este miércoles, más de mil 200 jueces y magistrados han iniciado un paro indefinido en el Poder Judicial en respuesta a la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (JUFED) adelantó esta decisión el lunes, destacando que la huelga se ha extendido a casi una veintena de Estados del país. El Consejo de la Judicatura ha establecido un régimen de servicios mínimos para atender casos urgentes y graves durante la paralización.
Por lo que, el presidente López Obrador ha calificado la huelga de "ilegal" y ha expresado en su conferencia de prensa matutina que la mayoría de los mexicanos "no les va a importar" la protesta de los trabajadores del Poder Judicial.
En contraste, la jueza Juana Fuentes Velázquez, portavoz de la JUFED, ha denunciado que la reforma amenaza con desestabilizar el país y convertir el sistema de justicia en un instrumento de opresión. "Sin justicia independiente, las inversiones se verán afectadas y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal autoritaria", advirtió.
Cabe resaltar que, la reforma, incluida en un paquete de 20 medidas constitucionales propuestas por el presidente, plantea controversiales cambios como la elección popular de jueces y magistrados, la reducción de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9, y la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se proponen nuevas reglas procesales que limitarían las suspensiones contra leyes con efectos generales y otras acciones judiciales. El dictamen está previsto para ser aprobado en la nueva Legislatura, que comenzará el 1 de septiembre.
Mientras el presidente argumenta que la reforma es necesaria para combatir la corrupción en el Poder Judicial, los jueces critican la concentración de poder que, a su juicio, podría erosionar la justicia independiente. La huelga también ha afectado los mercados financieros y ha tensado las relaciones con Estados Unidos, que demandan garantías judiciales claras.
Sin embargo, el presidente ha defendido su proyecto como un paso necesario para limpiar la corrupción en el Poder Judicial, afirmando que algunos jueces y magistrados permiten la libertad de delincuentes.
La protesta de los jueces y magistrados es vista como una respuesta extrema ante lo que consideran una amenaza igualmente grave. Solo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral continuarán con sus funciones. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura ha indicado que resolverán asuntos urgentes, especialmente aquellos relacionados con la libertad de imputados y medidas cautelares. Los edificios del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México han sido ocupados por los trabajadores, y la huelga ha recibido respaldo en diversos estados del país.
Con información de El País
*ARD