Los ministros y demás personajes del Poder Judicial, que por décadas han tenido ingresos de privilegio sin dar resultados en materia de aplicación de la Ley en México, se defienden como fieras heridas ante una inminente reforma en puerta.
Y es que entre las propuestas de campaña de la hoy Presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, puestas a disposición del electorado, figuró una decisión de desarrollar cambios a fondo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dónde subsisten ministros con ingresos y prestaciones descomunales, logradas durante los regímenes del PRI y el PAN.
Bueno, frente a ésto los altos mandos del PJ, como ya lo hicieron hace meses, han decidido mandar a los trabajadores al frente de batalla, anunciando un paro de labores indefinido, presionando la no reforma, porque saben que los despojará de lo que indebidamente han obtenido por años. Van a contrapelo de la voluntad popular reflejada en las urnas, el pasado 2 de junio.
Con su voto, la mayoría de los mexicanos dijeron SI a la reforma, por lo tanto es un mandato social, sin embargo, esos sujetos están dispuestos a morir en la raya, porque no solo son ellos, han descubierto una especie de "mafia familiar" incrustada en todos los espacios del Poder Judicial en el país.
Datos recientes indican que existen más de seis mil redes familiares; o sea, las nóminas están repletas de esposas, hijos, hermanos, amigos, recomendados de los ministros, jueces y magistrados de los tribunales. El gasto corriente, que consiste en miles de millones de pesos, acaba beneficiando a sus núcleos familiares. Sí que es una podredumbre articulada a partir de corrupción, componendas y arreglos con quienes gobernaban a la nación.
La legislatura federal que inicia el primero de septiembre tiene que dar la estocada final, para acabar con esos monopolios de poder político y económico construidos durante casi 100 años de gobernantes delincuentes de cuello blanco. Y desde luego que igual deberán hacer prosperar la reforma electoral, para acabar con los diputados y senadores plurinominales y reducirles a lo minimo el financiamiento público. ¿O no?.