El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico dado a conocer en el Centro Cultural Tlatelolco el 16 de agosto pasado, permite tener un amplio panorama de los métodos de represión utilizados por el Estado durante los años de 1965 a 1990, así como los factores de persistencia de éstas prácticas lesivas a los derechos humanos hasta la actualidad. La documentación realizada por un equipo de investigación integrado por personas defensoras de derechos humanos por decreto presidencial, recoge testimonios y documentos que requieren una amplia difusión y análisis por parte de la sociedad para que se logre la verdad largamente pospuesta y sobre todo se sienten las bases para alcanzar la justicia por la que miles de familias siguen luchando desde hace décadas. Este esfuerzo de memoria histórica tiene limitaciones y obstáculos que han sido denunciados por el propio mecanismo, sobre todo por los perpetradores y sus cómplices desde las instituciones militares y de seguridad del Estado, que impiden llegar hasta las últimas consecuencias. En una síntesis presentada públicamente y ampliamente documentada en miles de páginas, se indica que fue el Estado el que aplicó políticas represivas de exterminio que afectó a miles de personas: Ocho mil 594 víctimas, once mil 743 violaciones graves a derechos humanos, cuarenta y seis masacres con al menos 385 víctimas mortales, 123 mil 034 personas forzadas a abandonar sus casas y territorios, muchas más personas desaparecidas. Los gobiernos priistas en el período llamado “guerra sucia” y en realidad de terrorismo de Estado, no solo agredió, asesinó y desapareció a integrantes de grupos de guerrilla urbana y rural, también violó los derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas que exigían condiciones de vida dignas.
En éstos días se ha destacado el tema de los “vuelos de la muerte” y una lista divulgada de 183 personas que estaban desaparecidas en Campos Militares y cárceles clandestinas que habrían formado parte de la misma. Al respecto fue publicado un amplio artículo en el portal del PRT (https://www.prt.org.mx/node/597) explicando el origen de la nota anónima de un supuesto ex militar entregada a Rosario Ibarra y encontrada en los archivos del Comité Eureka.
Precisamente sobre la represión política en contra de Rosario Ibarra y el PRT (Partido Revolucionario de las y los Trabajadores), el informe histórico incluye el apartado 3.7 en el Volumen 2, parte 3, en su capítulo 2: Violaciones graves a derechos humanos en contra de disidencias político-partidistas. De manera resumida señala: “Nos conmovemos también con el sufrimiento con los miles de familias en este país que han sufrido torturas, vejaciones, humillación y cárcel injusta por parte de este Gobierno, de parte del poder público que es el que tiene el deber de hacer velar la Constitución y que es el primero en violarla. Nosotros no defendemos los derechos humanos de unos y no los de otros [...] nosotros defendemos los derechos humanos de todos los seres humanos […] Durante su lucha en defensa de los derechos humanos, Rosario Ibarra también sufrió represión. Además del constante hostigamiento, las amenazas y la vigilancia de la que era objeto de parte de agentes del Estado, Ibarra de Piedra fue víctima de agresiones físicas varias veces. Una ocurrió, por ejemplo, el 28 de agosto de 1980, cuando el Frente Nacional Contra la Represión participó de manera solidaria en el inicio de una huelga de hambre realizada por familiares de presos y desaparecidos políticos. La huelga se instaló en la Catedral Metropolitana, al lado del Zócalo del Distrito Federal. Los agentes estatales ingresaron al recinto religioso y desalojaron a todos, incluyendo a Rosario Ibarra, a quien sacaron del lugar “casi a rastras”.
La siguiente revisión recupera de manera breve varios casos de detención arbitraria y prisión política cometidos en contra de candidatos, militantes y simpatizantes del PRT: “Esta fue la violación grave a derechos humanos más recurrente en contra de los miembros de esa organización político-partidista y en muchas ocasiones se derivó de la participación de sus miembros en movimientos y luchas estudiantiles, campesinas, obreras, magisteriales, así como en campañas electorales. Es importante advertir la escalada de violencia ocurrida entre 1977 y 1978, cuando el partido trató de obtener su registro por primera vez, sin lograrlo.”
Horas después de un enfrentamiento armado entre policías judiciales y elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron en las oficinas del Infonavit en Hermosillo, Sonora a Isidro Leyva profe, militante del PRT y miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de dicho instituto. En Puebla, las fuerzas estatales detuvieron a Zenón Cardoso García, obrero despedido de la fábrica Federal Mogul, quien luchaba por su reinstalación y en apoyo a diversas demandas planteadas por sus compañeros. Él era, además, candidato del PRT a la gubernatura. En el Cerro del Judío, de la delegación Magdalena Contreras, en el D.F., a Efraín Cruz Marín, Guillermo Novoa y Mauricio Guzmán, militantes del PRT que realizaban pintas. Agentes de la DFS detuvieron en Guadalajara a: Eduardo González, Sergio Ellerbracrer, Antonio Mercado, Xóchitl Hernández y Edilberto Pérez. También se documenta el asesinato de Alfonso Peralta a manos de la LC23 de septiembre.
Así como éstos casos, en este Informe Histórico se narran las detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de cuando menos 58 militantes del PRT en la mayoría de los estado de la república durante ésos años aciagos, destacando casos como las desapariciones temporales o detenciones de Andrés Ugalde, Francisco Zagal, Cristina Pareja y otros camaradas de Morelos, así como la desaparición forzada de José Ramón García Gómez el 16 de diciembre de 1988 en Cuautla, y la violación sexual sufrida por la camarada Jean McGuill en Cuernavaca cuando era representante electoral del PRT en ése mismo año.
Que la historia fortalezca la memoria para lograr la verdad y la justicia.