Al cumplirse nueve años de la instauración de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue siendo omiso en la implementación de políticas públicas y estrategias para salvaguardar la integridad de las mujeres, lo que desembocó en que 2023 fuese el año con más feminicidios en nuestra historia, con 125 casos. No obstante, 2024 se encamina a superarlo, pues organizaciones como la denominada “Digna Ochoa”, en voz de Susana Díaz Pineda, señala que ya van 96.
Y esto es igualmente grave, como la renuencia de la Fiscalía General del Estado, que se niega a proporcionar información sobre el avance de las investigaciones de mujeres asesinadas y sobre lo cual guarda silencio.
Para Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Morelos ha sido un freno parcial contra las agresiones a las mujeres. Sin embargo, el hecho es que el menosprecio tanto de autoridades como de los agresores por las mujeres sigue latente en toda la entidad, sin que las recomendaciones de organismos de derechos humanos, así como los protocolos y estrategias, sean respetados y aplicados por las propias autoridades morelenses.
“En este clima de violencia e inseguridad, el feminicidio también tiene uno de los niveles más altos que hemos documentado desde hace 23 años. Es claro que, si se aplicaran todas las medidas de Alerta de Género por parte de las autoridades, tendríamos un panorama distinto en Morelos. Seguiremos exigiendo que no haya simulación, negligencia ni omisiones en la atención, investigación y sanción para erradicar el feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, expresa Juliana Quintanilla.
Por su parte, el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, afirmó: “La deuda pendiente con las mujeres en Morelos es muy grande. Los retos que tendrá el próximo gobierno de 2024 a 2030 son muy altos y a la vez son urgentes y necesarios para lograr que no haya ni un feminicidio más”.
A diferencia de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, la virtual gobernadora, Margarita González Saravia, ha escuchado su diagnóstico de la problemática: “Una de las prioridades gubernamentales debe ser precisamente garantizar los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo expresó la gobernadora constitucionalmente electa en dos reuniones que hemos tenido con ella, para abordar detalladamente las propuestas que hemos hecho a partir de las conclusiones y recomendaciones que hemos emitido a cada una de las dependencias y municipios que tienen las tareas y responsabilidades de cumplirlas”. Y esta vez sí hay respuestas: “Hemos escuchado, igualmente, los compromisos de la gobernadora para modificar las estrategias y llevar a la práctica las políticas públicas con perspectiva de género que reclama la sociedad”.