A poco más de un mes de que termine la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha podido comprobar el destino de tres mil 808 millones de pesos en recursos federales canalizados a Morelos de 2019 a 2023, que en teoría estarían destinados a sectores fundamentales como la salud, la educación, obras que no se realizaron y hasta en materia de seguridad y procuración de justicia.
Es la Auditoría Superior de la Federación la que señala que la administración estatal no ha atendido a cabalidad los requerimientos de justificación de los gastos del recurso federal asignado, y tampoco ha realizado la devolución correspondiente a las arcas federales, si es que tal financiamiento no se ejerció.
En este contexto, también se ha dado a conocer sobre el informe de las auditorías a las entidades, que solamente se utilizaron muestras pequeñas del manejo de los recursos. No obstante, ya anunció que se realizarán Auditorías Forenses con revisiones completas de los recursos federales asignados para determinar la dimensión del daño al erario que gobiernos estatales, como el de Morelos, hacen a la hacienda pública nacional y que urge recuperar para destinarlos a las áreas prioritarias del desarrollo.
En el período 2019-2023, la ASF realizó 144 observaciones a la administración del mandatario estatal, en las que hasta ahora están pendientes de aclarar 145 millones 527 mil pesos del sector educativo; también hay señalamientos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 701 millones 911 mil pesos, así como obras e infraestructura a medias o que nunca se realizaron por 75 millones 541 mil pesos.
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Y si, como se ve, hay afectaciones al erario público y a los beneficios que en áreas tan delicadas como la salud, la educación y la obra pública recibiría la sociedad, es todavía más lacerante que no se estén rindiendo cuentas en materia de seguridad y procuración de justicia, en donde hay irregularidades por más de 427 millones 54 mil pesos.
Otro sector vital para la sociedad, sobre todo por lo que se ha padecido en la temporada de estiaje de los últimos años, tiene que ver con recursos manejados por la Comisión Estatal del Agua, en la que no se ha explicado el destino de recursos por más de dos millones 258 mil pesos.
Más de 22 millones 699 mil pesos que estaban destinados en 2019 para afectaciones por desastres naturales, como son los sismos de 2017, tampoco ha habido rendición de cuentas. Pero también se exigen explicaciones por recursos en torno a siete contratos ejecutados por la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, a la cual la entonces candidata opositora, Lucy Meza, calificó como la operadora financiera de los recursos del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Las observaciones de la ASF desnudan que en todos los sectores de la administración pública hay recursos sin justificar, incluso en instituciones de naturaleza noble como el DIF estatal, con contratos por más de siete millones de pesos sin aclarar, lo mismo que en el área supuestamente encargada de impulsar el desarrollo económico y el trabajo, donde no se han explicado recursos por más de un millón 720 mil pesos.
Es parte de lo detectado por la ASF y que se trató de una revisión de 2019 a 2023, y que muy particularmente en lo que respecta al año anterior será revisado a fondo, frente a lo cual solo hay dos opciones para el gobierno saliente: comprobar los recursos, o devolverlos a la federación.